El Gobierno ha expedido 39 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en los cuatro primeros meses de vigencia de la nueva Ley de Memoria Democrática, es decir, una media de unas 10 reparaciones mensuales.
Así lo detalla el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y a su portavoz adjunta, Carolina Telechea, quienes plantearon distintas preguntas sobre la aplicación de esta norma, que entró en vigor el pasado 21 de octubre. En concreto, entre esa fecha y el 27 de febrero se expidieron esas 39 reparaciones.
También destaca que en la primera semana de vigencia de la ley estaban suprimidos 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978; se publicó la Instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la ley; y se celebró un acto de Estado por el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura.
BUSCANDO SOFTWARE PARA EL BANCO DE ADN En su respuesta, el Ministerio de la Presidencia también recuerda que a los pocos días de su entrada en vigor, los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano, ’’uno de los principales dirigentes del golpe militar de 1936’’ fueron retirados del lugar preeminente que ocupaba en la sevillana basílica de La Macarena.
En relación con el Banco Estatal de ADN de víctimas que se crea con la nueva ley, el Gobierno señala que el Ministerio de Justicia ’’ya trabaja en la adquisición del software adecuado para su funcionamiento’’ y que, además, se está trabajando en la elaboración de un manual técnico para laboratorios que van a registrar los perfiles de ADN, así como en un estudio para la acreditación de los laboratorios por parte de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN.
Respecto al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, indica que estará en la web del Ministerio de Presidencia, que será actualizado con carácter anual y que, en todo caso, incorporará los datos suministrados por las comunidades autónomas y los que se soliciten por parte de las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas. En cuanto a la retirada, el Ejecutivo recuerda a ERC que la competencia es de las distintas administraciones.
REPARACIONES ECONÓMICAS ERC también se interesaba sobre el estudio que, en el plazo de un año, se debe realizar para establecer el conjunto de medidas y reparaciones de carácter económico dirigidas a las víctimas. Asimismo, quería saber cuándo se va a nombrar –el Ejecutivo tiene 12 meses desde la entrada en vigor de la ley– a la comisión técnica encargada de analizar posibles vías de reparación para los militantes antifranquistas que vieron vulnerados sus derechos humanos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983.
El Gobierno recuerda que los plazos son los que establece la ley y garantiza que en ambos estudios participarán personas especializadas en cada materia. Eso sí, cada comisión establecerá su calendario de sesiones y su método de trabajo y, cuando lo aconsejen los asuntos a estudiar, podrán convocar a las reuniones, con voz pero sin voto, a otras personas expertas e interlocutores sociales.
Por último, el Ejecutivo informa de que se está trabajando tanto en la realización de la auditoria de los bienes expoliados como en la elaboración del Reglamento de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados.
También indica que, en cuanto al reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, se han realizado actuaciones como las investigaciones sobre la arqueología del Valle de los Caídos (prospección y excavación en los espacios de vida de los trabajadores y familiares) y sobre el destacamento penal franquista de Bustarviejo (Madrid).
Fuente: (EUROPA PRESS)
