La decisión del primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, de aplazar un mes el cambio al horario de verano, supuestamente con motivo del Ramadán, ha suscitado nuevas fricciones políticas en el país tras la ola de críticas abanderadas por el partido cristiano del Movimiento Patriótico Libre y la iglesia Cristiana Maronita del país.
Mikati realizó el anuncio el pasado viernes al declarar que el horario de verano, es decir, el adelantamiento una hora de los relojes del país, tendrá lugar este año en la medianoche del 20 al 21 de abril. El primer ministro no dio explicaciones sobre su decisión hasta que una conversación filtrada con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, reveló que el motivo fue la conmemoración del Ramadán.
La medida ha sido repudiada no solo por el MPL — que ha entendido la decisión como una frivolidad del mandatario en medio de la enorme crisis económica y política que atraviesa el país — o la iglesia. Instituciones educativas o medios de comunicación como el ’L’Orient-Le Jour’ o las cadenas LBC y MTV han desatendido la orden del primer ministro y cambiado este domingo al horario de verano.
’’Líbano no es una isla desierta y cualquier incumplimiento con los husos horarios globales impactará en nuestro trabajo y nos impedirá avanzar, agrega el texto. No aceptaremos estar aislados’’, ha hecho saber la LBC en un comunicado.
De igual modo, instituciones religiosas también han anunciado su intención de cambiar al horario de verano, como el Patriarcado Maronita. La archidiócesis greco-católica de Zahlé (Békaa) y el arzobispado maronita de Antelias también han anunciado que cambiarán al horario de verano para sus misas, oraciones y celebraciones.
EL MINISTRO DE JUSTICIA CONSIDERA QUE LA DECISIÓN ES ILEGAL Incluso el propio ministro de Justicia del país, Henri Joury, ha declarado este pasado sábado por la noche su consternación ante un decisión ’’contraria al principio de legalidad’’.
En un comunicado de prensa, el ministro ha explicado que ’’la suspensión del cambio horario va en contra de una decisión del Consejo de Ministros adoptada 20 de agosto de 1998’’, y ha sido tomada ’’de manera inválida y contraria al mencionado principio’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
