El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, conocido como ’Bongbong’, ha anunciado este martes que el país ha decidido cortar por el momento todos sus contactos y comunicaciones con el Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que la corte haya rechazado el recurso presentado por el Gobierno para dar carpetazo a la investigación del tribunal sobre la ’’guerra contra las drogas’’ del expresidente Rodrigo Duterte.
Marcos ha indicado que el país ’’no puede seguir trabajando con el TPI teniendo en cuesta que existen graves dudas sobre su jurisdicción y lo que considera una serie de injerencias y ataques contra la soberanía del país’’.
’’Desde nuestro punto de vista, este recurso ha fracasado, y no hay nada más que podamos hacer. Por eso hemos decidido suspender cualquier contacto o comunicación con ellos’’, ha señalado durante una rueda de prensa, según informaciones del diario ’The Philippine Star’.
A pesar de la salida de Filipinas del TPI en 2018, una media que entró en vigor en 2019, Manila aún tenía ciertas obligaciones en el marco del Estatuto de Roma. El TPI sigue teniendo así jurisdicción sobre los delitos cometidos cuando Filipinas seguía siendo miembro de la corte.
Las palabras del presidente filipino llegan un día después de que la Cámara de Apelaciones del TPI rechazara la petición de Filipinas de revertir la decisión judicial que avalaba la reapertura de la pesquisa sobre la conocida como ’’guerra contra las drogas’’ de la anterior Administración, que se habría cobrado hasta unas 12.000 víctimas mortales.
El tribunal, que tiene sede en La Haya, informó en enero de que una de sus salas accedió a la petición de la Fiscalía del TPI de retomar las pesquisas al no estar ’’satisfecha’’ con las medidas adoptadas por el Gobierno filipino.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la ’’guerra contra las drogas’’. Sin embargo, el Gobierno filipino ha sostenido en reiteradas ocasiones que el TPI no tiene competencias para juzgar estos delitos y retiró al país del Tratado de Roma que sostiene al Tribunal el 17 de marzo de 2019. La corte, en respuesta, asegura que sí está capacitada para investigar posibles crímenes cometidos por estados firmantes durante el tiempo que estuvieron adheridos al tratado.
Fuente: (EUROPA PRESS)
