El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha remitido un informe al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en el que alerta de la situación ’’insostenible, de emergencia humanitaria’’ que se vive en la Cañada Real Galiana, donde unas 4.500 personas, 1.800 de ellos niños, viven sin suministro eléctrico desde hace tres inviernos.
Ademñas, propone, como solución temporal, la concesión de títulos habilitantes para la contratación provisional del suministro eléctrico, una propuesta que está siendo estudiada por las administraciones implicadas, según ha informado en un comunicado.
La institución ha enviado esta información en respuesta a una petición formulada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que atiende una reclamación de varias organizaciones respecto a la situación que, desde el otoño de 2020, padece este asentamiento poblacional ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid.
En el escrito se detallan los antecedentes históricos de la Cañada Real, los orígenes del asentamiento poblacional, las leyes autonómicas que lo regulan y las administraciones implicadas, y se detallan las gestiones realizadas desde que, el 19 de octubre de 2020, un grupo de vecinos de la Cañada Real registrase en el Defensor del Pueblo una queja por el corte del suministro eléctrico.
Los sectores más afectados –el V y el VI– se encuentran en los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, y allí viven más de 4.500 personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, mayores, enfermos crónicos y menores, según señala el Defensor del Pueblo.
El informe, remitido a finales de marzo, enumera las diversas recomendaciones emitidas desde la institución a las administraciones afectadas y al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, creado ’ad hoc’ en diciembre de 2015 con el objetivo de coordinar a administraciones y entidades implicadas en esta zona.
Así, el Defensor del Pueblo informa al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa de que, el 17 de mayo de 2017, se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana y se comenzó a ejecutar un plan de choque que contemplaba mejoras en una serie de servicios en los sectores I a V y el realojo para el sector VI.
Además, recuerda que, a raíz de la primera queja, en octubre de 2020, se iniciaron actuaciones ante la Dirección General de Industria, Energías y Minas y, tras alegar la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid que la empresa distribuidora de electricidad en la zona argumentó que los cortes se produjeron para garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo que podrían generar las sobrecargas, el Defensor del Pueblo emitió sus primeras recomendaciones solicitando el restablecimiento del suministro eléctrico.
Esta recomendación, según precisa, se hizo llegar a todas las administraciones implicadas y, posteriormente, también al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para Cañada Real Galiana.
En 2022, la institución destaca que se reunieron con asociaciones de vecinos afectados y con el propio comisionado que generaron nuevas recomendaciones y, el pasado mes de diciembre, el Defensor del Pueblo instó a restablecer el suministro eléctrico con ’’carácter de urgencia’’ y demandó más proactividad de las administraciones y organismos implicados.
Tras ’’enquistarse’’ la situación, la institución ha propuesto que, hasta que no se adopten las soluciones definitivas en la Cañada Real, en concreto, el realojo de los vecinos del sector VI, se estudie aplicar una ’’solución transitoria’’, que pasaría por la concesión de títulos habilitantes, que permita solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico. Esta propuesta, que aliviaría temporalmente el problema, está siendo estudiada por las administraciones implicadas, según afirma el Defensor del Pueblo.
Fuente: (EUROPA PRESS)
