La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado a las autoridades bielorrusas a retirar los cargos y liberar de inmediato a la activista por los Derechos Humanos Nasta Loika, que se enfrenta a doce años de prisión.
’’El enjuiciamiento de Nasta Loika por parte de las autoridades bielorrusas tiene motivaciones políticas y es un acto flagrante de represalia por sus casi 15 años de valiente trabajo por los Derechos Humanos’’, ha declarado Anastasiia Kruope, investigadora adjunta de Europa y Asia Central de HRW.
Un total de siete organizaciones de Derechos Humanos, incluida HRW, han pedido a Minsk ’’poner fin a la persecución y los malos tratos’’ cometidos contra la activista, detenida en octubre de 2022, a quien, entre otras denuncias, se le negó el acceso a asistencia jurídica, medicamentos o ropa de abrigo.
Las ONG han denunciado que Loika, que trabajaba para el grupo Human Constanta, ha sido sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, han inhabilitado a su abogado, se negaron a certificar al sucesor de este, e iniciaron una campaña de difamación en su contra.
Loika, que recibió el premio Defensora de los Derechos Humanos 2022, ha estado involucrada activamente en el trabajo de DDHH durante cerca de 15 años, centrándose en cuestiones de antidiscriminación e igualdad, juicio justo, derechos de los extranjeros, y educación informal en materia de Derechos Humanos.
Las autoridades bielorrusas acusaron en diciembre a la activista –que se encontraba en detención administrativa desde septiembre– de formar parte de organizaciones que violan gravemente el orden público e incitación a la violencia racial, nacional, religiosa u otra enemistad o discordia social.
Además, las fuerzas de seguridad allanaron en estos meses la vivienda de la madre de Loika, ’’en un aparente intento de ejercer presión adicional sobre la defensora de Derechos Humanos’’, reza un comunicado conjunto.
A esto se suman las limitaciones de comunicación con el mundo exterior, ya que la prisión no permite a la activista que reciba cartas de nadie, a excepción de su madre. Las autoridades penitenciarias no han ofrecido ninguna justificación para limitar la capacidad de comunicarse libremente con otras personas.
Expertos de Naciones Unidas y el Comité de DDHH de la ONU han pedido explicaciones al Gobierno de Alexander Lukashenko sobre las presuntas violaciones de sus derechos y han solicitado a las autoridades que proporcionen acceso inmediato a atención médica, respectivamente. Sin embargo, Minsk no ha tomado ninguna medida tras las peticiones de la ONU.
Fuente: (EUROPA PRESS)
