El Gobierno de Escocia recurrirá ante el Tribunal Supremo de Reino Unido el veto de Londres a la ’ley trans’ aprobada en diciembre de 2022 por el Parlamento de Holyrood, según ha adelantado este miércoles la ministra de Justicia Social, Shirley-Anne Somerville.
’’Para defender la decisión democrática del Parlamento y garantizar la protección de la descentralización, el Gobierno escocés presentará una petición para revisar judicialmente la decisión del secretario de Estado’’, ha anunciado Somerville, quien ha recordado que aquel texto contó con una ’’abrumadora mayoría’’ en Holyrood.
Somerville ha señalado que el veto de Londres ha supuesto un ’’desafío sin precedentes’’ a la capacidad del Parlamento escocés para legislar sobre asuntos que están ’’claramente’’ bajo su competencia, según recoge la BBC.
Así, está previsto que el nuevo Gobierno escocés del ministro principal, Humza Yousaf, ofrezca más detalles después de las vacaciones de Semana Santa sobre este ’’inevitable’’ recurso al veto de una ley que agilizaba los trámites y reduce los tiempos para modificar el género por parte de quienes lo soliciten.
Si bien las voces más pesimistas del Partido Nacional Escocés (SNP) han augurado un escaso éxito a la apelación, Yousaf –único de los tres candidatos para sustituir a Nicola Sturgeon que se mostró partidario de emprender acciones legales– ya dijo esta semana que el veto de Londres era ’’antidemocrático’’ e ’’inadmisible’’.
Esta legislación ya había sido motivo de controversias dentro del partido en el mismo momento de su elaboración, tanto es así que algunos miembros del gabinete de Sturgeon renunciaron, como la aspirante a reemplazarla Ash Regan.
Por su parte, el exdiputado del SNP y antiguo ministro de Justicia Social, Alex Neil, ha aconsejado a Yousaf que se centre en incluir reformas en la ley que recojan ’’las preocupaciones de las mujeres’’ en lugar de emprender una batalla legal ’’sin remotas posibilidades’’ de prosperar.
La reforma reduce a 16 años la edad a la que se puede solicitar a la administración un cambio de género, elimina el requisito de presentar un informe médico y reduce a tres meses el tiempo en que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que reclama –seis meses si se trata de menor de edad–.
Sin embargo, colectivos feministas han expresado su preocupación por el impacto que el texto tendría, por ejemplo, en lo que respecta a los espacios reservados para las mujeres, mientras que Londres insiste en que contraviene la ley de Igualdad de Reino Unido.
Fuente: (EUROPA PRESS)
