La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado un análisis pormenorizado de los costes que supondrá para las empresas adaptar sus sistemas de facturación ante las nuevas medidas para luchar contra el fraude, y ha advertido de que en otros países de la Unión Europea, éstas se han centrado en los sectores más proclives al fraude o en el uso de incentivos económicos.
Así se desprende de un informe elaborado por la CNMC sobre el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
Según explican, algunas empresas utilizan los llamados ’software de supresión de ventas’ para ocultar sus operaciones o modificar sus importes, con el consiguiente fraude para administración tributaria.
Ante esto, la normativa para luchar contra el fraude fiscal establece nuevos requisitos en los sistemas electrónicos, programas informáticos y soportes de facturación que deberán utilizar los empresarios y profesionales para desarrollar su actividad.
Las empresas deberán adaptar sus sistemas informáticos para que estos ofrezcan una imagen fiel e íntegra de sus registros contables y permitan a la administración tributaria acceder a su facturación en tiempo real. La administración tributaria podrá desarrollar su propio software alternativo a los programas de las empresas privadas.
El informe de la CNMC no cuestiona el objetivo de lucha contra el fraude de las medidas, pero recomienda un análisis pormenorizado de los costes que supondrá para las empresas adaptar sus sistemas de facturación. La CNMC advierte de que, en otros países de la Unión Europea, las medidas se han centrado en los sectores más proclives al fraude o en el uso de incentivos económicos.
AMPLIAR EL PLAZO PARA LOS NUEVOS SISTEMAS Además, Competencia recomienda que, dado lo ajustado de los plazos previstos, se plantee la conveniencia de una ampliación de la entrada en vigor de los nuevos sistemas informáticos, previsto para el 1 de julio de 2024.
Insta también a asegurar que la normativa no impone obligaciones más gravosas para las pymes y los autónomos que las que existen para las grandes empresas y precisar las causas por las que esta normativa no se aplicaría en ciertos casos individuales.
En cuanto al sistema público de facturación de la Administración tributaria, Competencia indica que el desarrollo de este sistema podría suponer un efecto expulsión sobre los desarrolladores privados.
Para garantizar la neutralidad de trato, se recomienda clarificar que debe garantizarse la igualdad de acceso a la información y la obligación de repercusión de todos los costes de desarrollo y operación, tanto en la solución pública como en las privadas.
Por último, la CNMC apunta que la nueva normativa permite expresamente que dos o más contribuyentes utilicen un mismo sistema informático, bajo ciertas condiciones. Por ello, recomienda indicar expresamente que el uso compartido no exime de las obligaciones en materia del derecho de la competencia.
Fuente: (EUROPA PRESS)
