El ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial Nicolás Obama Nchama y el director general de la Seguridad Presidencial Issac Nguema Ondo, acusados de presuntas torturas a opositores al régimen del presidente del país, Teodoro Obiang, han informado a la Audiencia Nacional de que ya están siendo investigados en la nación africana por estos hechos.
Sendos acusados presentaron recursos de reforma en los que incorporaban una nota verbal dirigida a las autoridades españolas en las que se informa de la apertura de una causa en Guinea Ecuatorial contra ellos por los hechos que están siendo investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz. Además, los investigados cuestionan la jurisdicción española.
En concreto, el instructor investiga a ambos y a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente del país, por el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del movimiento: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong, y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –que murió en la prisión de Oveng Azem (Mongomo) presuntamente fruto de esas torturas–.
Cabe recordar que el juez ha solicitado ésta misma semana a la Dirección General de Cooperación Jurídica del Ministerio de Justicia y al Ministerio de Exteriores que constaten si existe un procedimiento abierto en la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial contra todos ellos.
La representación legal del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) ha presentado este mismo viernes un escrito por el que se opone a sendos recursos de reforma asegurando que ’’este movimiento procesal de las autoridades de Guinea Ecuatorial sólo puede ser tildado de fraude de ley’’.
UNA ’’ESTRATAGEMA’’ PARA EVITAR A LA JUSTICIA ’’No es más que una estratagema evidente para tratar de sustraer de la acción de la justicia española a los investigados, incoando una causa ficticia para reclamar el ejercicio primario de la jurisdicción. De hecho, la Audiencia Nacional cuenta con amplia jurisprudencia relativa a la ’cosa juzgada fraudulenta’’’, recuerda.
En este sentido, la acusación recuerda que ’’justo el día en que iban a declarar los investigados por videoconferencia, el pasado 28 de marzo, se comunicó que la República de Guinea Ecuatorial había remitido una primera nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores’’. La misma, arguye, solo buscaba ’’impedir la declaración’’ de ambos.
’’En la referida comunicación diplomática se afirmaba que las víctimas de esta causa habían sido legítimamente detenidas, y que Guinea Ecuatorial no iba a facilitar ninguna cooperación a las autoridades españolas en esta causa, reclamando radicalmente la inocencia de sus autoridades’’, explica.
Sin embargo, indica el MLGE3R, ’’las acusaciones habían interesado a este órgano judicial las órdenes de detención contra los investigados, por lo que, en ese momento, se produce un giro radical en la estrategia procesal de Guinea Ecuatorial, pasando a remitir’’ una nueva nota ’’en la que afirma que se ha admitido a trámite una querella del Ministerio Fiscal contra los investigados en esta causa.
SOBRE LA ’’MALA FE’’ DE GUINEA ECUATORIAL La acusación sostiene que ’’es evidente que la Justicia no es independiente en Guinea Ecuatorial’’. ’’El Poder Judicial se encuentra sometido al jefe del Estado, Teodoro Obiang y su régimen dictatorial. Por lo tanto, es impensable que las autoridades judiciales hayan procedido a imputar a su hijo, Carmelo Ovono Obiang, actual viceministro de Seguridad Exterior, así como a las otras dos máximas autoridades de la seguridad del país’’, asevera.
En este contexto, la acusación también destaca otro elemento que ’’demuestra la mala fe de la República de Guinea Ecuatorial con este movimiento de fraude de ley procesal, en el que trata de erigir su jurisdicción para extraer de la justicia española a los investigados’’.
’’Se trata de la absoluta anomalía, improcedencia y falta de verosimilitud en que los investigados adjunten y aporten a esta causa penal, a través de sus defensas, notas verbales, es decir, comunicaciones oficiales entre Estados de las que ellos deberían ser ajenos, a no ser que, como ocurre en este caso, las autoridades públicas y los investigados estén coaligados’’, critica.
Así las cosas, la acusación pide al juez de la AN que proceda ’’a rechazar a limine las alegaciones de concurrencia de jurisdicciones, por no existir identidad de hechos, ni de tipos penales, y principalmente, por tratarse de una maniobra que mediante el fraude de ley busca sustraer de la acción penal española a los investigados’’.
Además, ’’subsidiariamente en caso de no ser rechazada de plano’’, la acusación solicita que ’’se eleve exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para que se confirme la jurisdicción española en el presente caso’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
