El grupo parlamentario de Más País-Verdes Equo ha solicitado la comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión para la Transición Ecológica, para que explique las medidas que adoptará el Gobierno para proteger el entorno de Doñana.
Los diputados Inés Sabanés e Íñigo Errejón quieren conocer las medidas que pondrá en marcha el Gobierno para ’’responder al desafío a la legalidad europea’’ que supone la propuesta de ley andaluza sobre la ampliación de regadíos.
Así, afirman que esta ley amenaza la estabilidad del espacio natural y la laguna de Doñana y vulnera el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo respecto a su máximo interés ambiental, social y legal, de junio de 2021.
Además, han presentado una batería de preguntas escritas al Gobierno en las que le exigen saber las medidas que adoptarán el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica para garantizar el cumplimiento de las directivas y la legalidad nacional y europea; las actuaciones ’’urgentes’’ que desplegará ante el ’’desafío de legalidad’’ que plantea la Junta de Andalucía.
Asimismo, preguntan al Ejecutivo por la repercusión económica que puede suponer las sanciones europeas en caso de aprobarse la proposición de ley en el Parlamento andaluz.
Igualmente, quieren conocer en el caso de que el plan continúe las repercusiones que calcula el Gobierno que podría haber a efectos económicos, así como de reputación para la producción agrícola de Huelva, dado que la reacción de los supermercados europeos a este plan es ’’negativa’’.
En ese sentido, Más País-Verdes Equo recuerda que ya en enero de 2022 el Partido Popular y Vox registraron en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley para la revisión del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, también llamado ’’Plan de la fresa’’.
El grupo parlamentario considera que tras la ’’coartada de querer dar seguridad jurídica a los agricultores de la zona’’, lo pretendía esta reforma es la regularización y legalización de gran cantidad de pozos e infraestructuras extractoras de agua que, con la connivencia de la Junta, están drenando de forma alarmante el agua de Doñana.
A continuación, en mayo de 2022 se aprobó en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley promovida por Mas País- Verdes Equo, que planteaba y requería del gobierno el desarrollo de sus competencias para garantizar el cumplimiento de las Directivas europeas, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y las recomendaciones de la UNESCO de 2021.
También recuerda al Ejecutivo que dicha propuesta planteaba, además, seguir trabajando e intensificando la detección de captaciones ilegales de agua.
En su argumentación, observa que aunque las Comunidades Autónomas poseen capacidad para definir y delimitar los usos del suelo en su territorio, el hecho de que Doñana sea un Parque Nacional -junto con otras figuras de protección internacionales como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO-, debería suponer una garantía de protección territorial y el establecimiento de unos límites necesarios y razonables al desarrollo económico en aras de su relevancia social, ambiental y patrimonial.
Su consolidación como sitio protegido por la convención de Ramsar y espacio de la Red Natura 2000, convierte a Doñana en una parte valiosísima del patrimonio natural europeo y, por tanto, de todas las ciudadanas y ciudadanos de España y Europa.
Por ello, alerta que el plan del gobierno andaluz ’’no solo no traerá más seguridad jurídica, sino que, por el contrario, dañará a las y los agricultores de Huelva’’ y pone en ’’grave riesgo’’ el equilibrio ambiental de Doñana.
En definitiva, asegura que de aprobarse la proposición de ley se producirán ’’irreversibles daños medioambientales y sociales’’, se desafiarán las directivas y sentencias europeas, lo que podría acarrear multas millonarias que recaería en los recursos públicos.
Fuente: (EUROPA PRESS)
