La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presenta ha presentado este sábado un estudio en el que analizan los protocolos educativos que derivan de las leyes trans autonómicas, tras el cual, denuncia que el 62% de estos delegan la formación y sensibilización de los alumnos en organizaciones transactivistas.
Según ha explicado la entidad, estos protocolos que se ponen en marcha cuando en un centro hay un menor que se autodiagnostica como trans por sí mismo, por mediación de sus progenitores o tutores o por sugerencia de cualquier miembro de la comunidad educativa y, según denuncia, ’’en todos los casos esto se produce sin recabar opinión de profesionales cualificados en disforia de género’’.
Y, según el informe, con este sistema, el 79% del alumnado está expuesto ’’a postulados ideológicos que niegan el sexo como una realidad objetiva y que imponen en los centros educativos ideas sexistas basadas en estereotipos y prohibidas por la normativa en vigor y vinculante’’.
Según recoge, en el 92% de los protocolos no se exige cualificación alguna a las personas designadas para impartir formación y sensibilización en temas vinculados con diversidad o identidad de género, a pesar de que intervienen en decisiones que, a juicio de la Alianza, ’’son vitales y pueden ser irreversibles’’.
INFLUENCIA DE ESTAS ORGANIZACIONES Del mismo modo, denuncian que, al menos el 38% de los protocolos han sido asesorados por las asociaciones transactivistas e incluyen enlaces a páginas web o información de contacto sobre estas asociaciones y un 31% de ellos facilitan enlaces a documentación online elaborada por las mismas ONG. ’’El análisis hace evidente la magnitud de la intromisión y la influencia de las organizaciones transactivistas en los centros escolares de distintos niveles educativos’’, ha advertido la entidad.
En cuanto al contenido, el documento señala que el 100% de los protocolos afirman un inexistente derecho a la identidad de género, enfocado a alentar la demanda de la sustitución del sexo registral de nacimiento y que abre el camino de la transición social, farmacológica y quirúrgica en menores.
Desde la Alianza advierten de que ’’así ha sucedido en todos los países que han implantado protocolos educativos similares’’. Unos protocolos que, a su juicio, ’’fomentan irresponsablemente la llamada transición social, es decir, el cambio de nombre en la documentación escolar, de pronombres, de vestimenta o de aspecto’’. ’’Estos cambios lejos de fomentar un crecimiento en libertad refuerzan los estereotipos sexistas más reaccionarios que marcan parámetros rígidos de masculinidad y feminidad y promueven los comportamientos sexistas diferenciados para las niñas y los niños’’, ha indicado la entidad.
Esta organización ha explicado que, las últimas investigaciones advierten de que la llamada transición social no es en absoluto inocua, sino una ’’cinta transportadora que conduce a las y los menores a la transición médica y quirúrgica’’.
CAMBIO ’’SIN CAUSA RECONOCIDA’’ El informe también recoge que el 100% de los protocolos educativos autonómicos permiten, a cualquier edad, el cambio de nombre en la documentación administrativa del centro, ’’sin que haya un cambio registral oficial y por tanto sin que haya una causa reconocida legalmente y sin seguir un procedimiento legal garantista’’.
’’Una vez que un/una alumna, de cualquier edad, se autodiagnostica como trans o es detectado como tal por algún miembro de la comunidad educativa, todo el alumnado del centro tendrá que aceptarlo sin reservas’’, ha advertido la Alianza, que apunta que estos deberán ’’aceptar su nuevo nombre, pero también que use los baños y vestuarios de acuerdo a su sexo sentido o a su género autopercibido’’.
En este sentido, apunta que ’’el 100% de los protocolos lo permite y cualquier resistencia será considerada acoso’’, en el 77% se prevén actuaciones externas sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de consentimiento y aceptación del protocolo y en todos ellos se ’’convierte al profesorado en policías de género’’.
Ante esta situación, la entidad ha reclamado trasparencia a las administraciones y a los centros educativos y solicitan la creación de un Registro Estatal y Autonómico que recopile datos para un Informe público anual sobre esta casuística, con indicadores que permitan evaluar el impacto social de las políticas transgeneristas en escuelas e institutos.
Además, piden a los centros educativos ’’la incorporación documentada de la opinión profesional cualificada antes de que el centro se precipite a dar pasos hacia una transición social que conduce a las transiciones médicas y quirúrgicas irreversibles’’.
Igualmente, considera ’’de máxima urgencia’’ suspender la difusión de contenidos educativos contrarios a la realidad material e impedir la promoción de teorías sexistas contrarias a los principios de la coeducación para la igualdad, así como prohibir las derivaciones desde los centros escolares a las asociaciones transactivistas que inducen a las terapias afirmativas entre los menores de edad.
Fuente: (EUROPA PRESS)
