El PSOE se remite a su código ético y de conducta, al ser cuestionado sobre posibles medidas contra el alcalde de Ibiza y candidato a las próximas elecciones municipales el 28 de mayo, Rafael Ruiz, ante su imputación en el ’caso Puertos’, según han indicado fuentes de la Ejecutiva.
Este código ético fija la expulsión del cargo público en el momento en que se dicta la apertura de juicio oral. En este caso, Ruiz ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 21 de junio en el juzgado número 3 de Palma.
El ’caso Puertos’ es un presunto caso de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares por presuntos amaños en la adjudicación de algunos negocios náuticos de Menorca e Ibiza.
Al ser cuestionada al respecto, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE , Pilar Alegría, ha señalado que quienes estén en sus listas electorales del PSOE tienen que ser personas que cumplan los criterios de ’’transparencia y honestidad’’ y así se va a ver reflejado en todas las candidaturas que presente el partido en las próximas elecciones.
A continuación, Alegría ha sido preguntada de nuevo por este asunto, sobre si el alcalde y candidato en Ibiza cumple estos requisitos y si por tanto seguirá en su puesto; en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Electoral que se ha celebrado este mismo lunes en la sede del partido en la calle Ferraz.
La portavoz ha indicado que ’’si se cumple sí’’ y ha añadido que si hubiera alguna cuestión que confrontar con estos principios, el PSOE toma decisiones de manera ’’rápida y contundente’’. Ademas, fuentes socialistas han añadido que se remiten a lo recogido en su código ético, que fija la salida de un cargo en la apertura de juicio oral.
En concreto, este documento señala que en caso de que toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en caso de que en un procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo.
En caso contrario, podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido, cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, según señala el texto.
Fuente: (EUROPA PRESS)
