El socio presuntamente estafado por José Luis Moreno, Alejandro Roemmers, ha pedido al juez que instruye ’Titella’ que monitorice los nuevos negocios del productor televisivo para asegurarse de que los ingresos derivados de los mismos se destinarán ’’a reparar los daños causados’’.
En un escrito, recogido por Europa Press, la representación de Roemmers se refiere a la petición de Moreno, que ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que le permita realizar viajes al extranjero y abrir nuevas cuentas bancarias para llevar a cabo la ’’ejecución de nuevas producciones audiovisuales’’.
El ventrílocuo, que ’’se encuentra en conversaciones muy avanzadas con un fondo de inversión internacional’’, aseguró que destinaría parte del dinero derivado de esa oportunidad de negocio ’’a la íntegra liquidación de todas las deudas públicas que al día de la fecha ostentan’’ sus sociedades.
’’Esta parte no se opone en modo alguno al desarrollo de la actividad por parte del investigado y de sus sociedades vinculadas. Al contrario, bienvenida sea cualquier actividad que permita allegar fondos para reparar los daños causados que son objeto de investigación en este proceso, por más que debamos poner de manifiesto la absoluta contradicción que supone dicha postura con la que viene manteniendo en el pleito civil’’, señala Roemmers.
Sin embargo, el empresario argentino sostiene que ’’lo que no parece de recibo es autorizar cuentas corrientes sin intervención judicial donde podrían hacer ingresos y gastos libremente, en que, bajo supuestas condiciones de agilidad, se conseguiría que los ingresos obtenidos por su actividad no se destinaran a su finalidad, sin perjuicio de una posterior rendición de cuentas, una vez dispuestos los fondos’’.
INSTA A QUE MORENO APORTE MÁS INFORMACIÓN ’’Si se quiere agilizar la actividad generadora de ingresos y, al tiempo, asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de este proceso, entendemos que lo que debería solicitarse por el investigado sería la administración judicial –o, en su defecto, la intervención judicial de las sociedades o de la concreta cuenta–, estableciendo un control efectivo y previo pero sin que tenga que pasar necesariamente por el Juzgado’’, aduce.
En este mismo sentido, la representación de Roemmers asegura que ’’si se quiere pagar las deudas públicas, más que un compromiso’’, debería haber ’’una medida de control efectiva’’.
Así, insta al juez a pedir a Moreno que ’’aporte toda la información complementaria de que disponga para que el Juzgado pueda adoptar las medidas que permitan compatibilizar el desarrollo de la actividad propuesta (y, a día de hoy, ignorada) con el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias’’.
Con todo, Rommers expresa en el escrito su ’’extrañeza por cuanto la actividad de producción audiovisual’’ de una de las sociedades de Moreno ’’se centra en la explotación de los estudios de Moraleja de Enmedio, por lo que resulta difícil entender en qué va a consistir su supuesta actividad en Reino Unido’’.
Moreno explicó al instructor que una de las nuevas cuentas bancarias se abriría en el Reino Unido, donde Youmore TV desarrollaría una parte importante de la operativa. Así las cosas, el productor también solicito al juez que permitiese a las sociedades operar con esas cuentas bancarias y que le habilitase para obtener y disponer de una tarjeta con cargo a las mismas.
MORENO, LA TARJETA DE VISITA Todo ello en el marco de esta causa, en la que la Audiencia Nacional investiga entre otros al propio Moreno por un presunto delito de estafa. Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al ’’fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados’’, ’’a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés’’ y al ’’blanqueo de capitales’’; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los ’’máximos responsables’’ y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, ’’como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita’’ a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, ’’era el principal receptor de los fondos obtenidos’’.
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían ’’amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil’’, por lo que se ocuparían de crear las sociedades, ’’maquillarlas’’, poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de ’’empresas pantalla’’ administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían ’’grandes cantidades de dinero en efectivo’’ a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
Fuente: (EUROPA PRESS)
