Un comité de la Cámara de Representantes de Japón, la cámara baja de la Dieta (o el Parlamento) japonesa, ha concedido la primera aprobación a una enmienda que endurecerá la ley migratoria del país, una de las más duras del mundo, al incrementar las posibilidades de deportación para extranjeros que soliciten el estatus de refugiado.
El Comité de Asuntos Judiciales de la cámara ha dado su beneplácito a la enmienda con el respaldo del partido del Gobierno, el Partido Liberal Democrático, su socio histórico de coalición, el Komeito, y dos partidos conservadores de la oposición, el Partido de la Innovación y el Partido Democrático para el Pueblo.
Esta enmienda, que contempla la posibilidad de que los extranjeros que pidan el estatus de refugiado puedan ser deportados a partir de la tercera solicitud, ha contado, por contra, con el rechazo del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional, y del Partido Comunista.
La ley actual impide la deportación a cualquier persona que solicite el estatus de refugiado siempre y cuando su petición esté siendo cursada, sin importar el número de veces que la haya cumplimentado.
De todas formas, la enmienda deja la puerta abierta a que la deportación a la tercera solicitud quede suspendida si queda claro que los solicitantes afectados tienen ’’razones de peso’’ para insistir. El Gobierno defiende que el cambio de la ley tiene que ver con las peticiones que claramente van dirigidas a prolongar la estancia en el país sin un motivo justificado.
Además, la enmienda también permitirá a extranjeros ya en proceso de expulsión que puedan vivir fuera de los centros de detención –para hacerlo en su lugar en residencias de grupos o personas autorizadas por el Gobierno– mientras dura la tramitación de su salida del país, con el caso en mente de Wishma Sandamali, una mujer de Sri Lanka que murió en 2021 en un centro de detención de Nagoya tras ver rechazadas todas sus peticiones para recibir cuidados médicos.
La modificación, no obstante, sí que descarta la propuesta opositora para constituir un tercer organismo que se encargue de supervisar un proceso insertado dentro de una de las políticas de asilo más estrictas del mundo: solo 74 personas recibieron el estatus de refugiado en 2021 (menos del 1 por cierto), según informa la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo, en lo que se trató de todas formas de un récord máximo para el país.
La propuesta, anticipa la cadena pública japonesa, será aprobada por la Cámara de Representantes al completo a principios del mes que viene antes de pasar a la cámara alta.
Cabe recordar que un reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación en los centros de detención de Japón documentó varias violaciones de los Derechos Humanos, incluida la detención arbitraria e indefinida, los malos tratos por parte de los agentes de inmigración, incluidas palizas y el uso del régimen de aislamiento, y la atención médica inadecuada, según entrevistas a los propios detenidos.
Fuente: (EUROPA PRESS)
