Unidas Podemos quiere que la nueva Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación en el Congreso, ampare a cualquier trabajador del sector de transporte, sean conductores o pilotos, que se niegue a realizar una ruta por motivos objetivos de seguridad.
Para ello tiene registrada una enmienda que tiene su origen en el despido de tres pilotos de la empresa Canair –filial de Binter–, que opera vuelos entre las islas Canarias, por negarse a volar por encima de las nubes de humo procedentes del volcán de La Palma.
La formación morada, que cuenta con el aval de los principales sindicatos de Transporte, denuncia que en la actualidad la ley respalda la decisión de la empresa y quiere aprovechar la tramitación de la Ley de Movilidad para introducir un cambio de redacción para dar a los empleados una salvaguarda ante ’’posibles represalias laborales’’ por tomar decisiones en materia de seguridad que afecten a los medios de transporte.
El portavoz de Transportes de Unidas Podemos en el Congreso, Rafael Mayoral, ha presentado esta enmienda en el aeropuerto de Gran Canaria junto a Noemí Santana, la candidata de Unidas Sí Podemos a la Presidencia de Gobierno de Canarias, tras participar en una asamblea de trabajadores en la que han intervenido responsables de algunas de las centrales sindicales que han mostrado su apoyo a la enmienda.
’’La mejor garantía que tenemos de seguridad en el transporte público es la gente que trabaja, y necesitamos protegerlos a esos abusos’’, ha subrayado Mayoral tras este encuentro.
DEMANDA DE LOS SINDICATOS Entre los sindicatos que apoyan la propuesta se encuentra CCOO a través de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, el Colegio Oficial de la Marina Mercante, SEMAF, SEPLA, USCA, USO y la Coordinadora de Sindicatos del Transporte, que agrupa entre otros a la Intersindical Canaria, la Agrupación Sindical de Conductores de Sevilla, la Asociación Sindical Kurpil de Donostia o la Plataforma Sindical EMT Madrid.
En concreto, la enmienda propone introducir un nuevo artículo a la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en trámite parlamentario, para que el personal encargado de operar medios de transporte y controlar y el tráfico o tránsito de los mismos podrá adoptar la decisión de ’’paralizar el comienzo o la continuación del trayecto’’ ante cualquier evidencia o sospecha ’’objetivamente fundada’’ de posibles riesgos para la seguridad de los pasajeros, de terceros y de los propios trabajadores.
Ya en el siguiente punto del artículo se establece que estos profesionales que informen sobre posibles riesgos ’’reales o potenciales’’ o que adopten decisiones de paralización de la movilidad ante ’’amenazas objetivas’’ para la seguridad en el transporte, tendrán derecho a la protección frente a represalias en el contexto laboral, incluidas ’’amenazas y tentativas de represalia’’, por parte del empresario.
Fuente: (EUROPA PRESS)
