La flota atunera española, agrupada en Opagac, invertirá siete millones de euros en 2023 y 2024 para, entre otros objetivos, conseguir certificar con el sello MSC (Marine Stewardship Council) todas sus capturas, unas 380.000 toneladas anuales, que representan actualmente el 8% de las totales mundiales de atún tropical.
De esta forma, la flota cierra el círculo de la sostenibilidad integral para convertirse en la primera del mundo capaz de asegurar a transformadores, comercializadores y consumidor final el origen sostenible de todas sus capturas en los tres océanos en los que opera (Atlántico, Pacífico e Índico), según informa en un comunicado.
La flota nacional ya certificó con este sello medioambiental la mitad de ellas (seis stocks de atún tropical de un total de 12) en julio de 2022, lo que supuso una inversión de 17,3 millones de euros en el periodo 2018-2022.
Además de en esta vertiente ambiental, la flota trabaja desde 2012 en la garantía a consumidores y a la cadena de valor del atún de la sostenibilidad social de su actividad, referida a las condiciones de trabajo, seguridad y bienestar de las tripulaciones y asegurada con su certificación Atún de Pesca Responsable Aenor.
La sostenibilidad social supone en torno a un 30% de los costes operacionales de las flotas responsables, cuya rentabilidad, según Opagac, depende ’’ineludiblemente’’ de la exigencia a las importaciones al mercado comunitario de los mismos estándares en materia sociolaboral.
En este sentido, la flota española valora la oportunidad que representa para la homogeneización de criterios la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida. Actualmente en tramitación, esta obligará a las empresas europeas y a aquellas que operen en el mercado comunitario a justificar que su suministro es sostenible social y medioambientalmente, a lo largo de toda la cadena de valor.
De esta forma y de cara a su próxima negociación y coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, la flota aboga por establecer un régimen de control y sanción ambicioso que contribuya a garantizar que los ciudadanos europeos no consumen pescado proveniente de flotas que vulneran los derechos humanos.
Con la finalidad de promover una decisión de compra informada y responsable, Opagac demanda que la propuesta de armonización del sistema de etiquetado frontal de los alimentos, cuyo debate se desarrollará previsiblemente también bajo la presidencia española, ponga fin a la laxa normativa actual sobre las conservas de atún y obligue a detallar la especie, el origen y el modo en que fue pescado.
De esta forma, la flota atunera destinará la inversión de siete millones prevista a una decena de proyectos, directos o en colaboración con terceros, que satisfagan las condiciones exigidas para el certificado MSC y en el marco de estos FIP, para minimizar el impacto de la pesquería de cerco atunero en el ecosistema y garantizar la sostenibilidad biológica de los stocks de atún tropical.
Fuente: (EUROPA PRESS)
