Junts per Catalunya ha presentado una proposición de ley orgánica para reforzar las medidas que restringen el acceso de los menores de 16 años a la pornografía, con propuestas como un castigo penal para los directivos responsables de las plataformas de intercambio de vídeos pornográficos, para quienes difundan ’deepfake’ y con controles parentales activados por defecto en dispositivos con acceso a Internet.
En la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, se plantea establecer un marco penal que castigue a los directivos responsables de las plataformas de intercambio de vídeos o de distribución de contenidos audiovisuales, u otros prestadores intermediarios de este tipo de contenidos, que incumplan la obligatoriedad de contar con mecanismos de control para evitar el acceso de los menores de 16 años.
En este sentido, pone el ejemplo del código penal francés, que sanciona estos comportamientos con tres años de prisión y 75.000 euros de multa.
La proposición de ley también contempla el castigo penal para quienes, a través de contenidos ’deepfake’ –un vídeo, una imagen o un audio generado por inteligencia artificial que imita la apariencia y el sonido de una persona–, ’’menoscaben gravemente el honor o la intimidad de una persona’’. Junts propone castigarlo con entre seis meses y dos años de prisión.
Asimismo, el texto recoge la modificación de la General de la Comunicación Audiovisual, para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que, cuando identifique una plataforma de intercambio de vídeos que incumple la ley y permite a los menores de 16 años tener acceso a contenidos pornográficos, pueda dirigir al titular del servicio un aviso formal para que la plataforma adopte medidas urgentes y, en caso de no hacerlo, notificar a la fiscalía la infracción.
Igualmente, pide modificar la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para que concrete cuándo y cómo implementar las medidas de control parental y de verificación de edad.
Además, señala que debe ampliarse el compromiso para garantizar, y no solo ’’fomentar’’, que la industria tecnológica que fabrica dispositivos desde los que conectarse a Internet introduzca mecanismos de control parental de los contenidos para adultos, de tal manera que ’’todos los dispositivos con conexión a Internet que se pongan la venta en el estado español tengan activados, por defecto, esos controles parentales’’.
Junts argumenta la necesidad de esta proposición ante el ’’aumento del consumo de la ponografía por parte de menores de edad’’ y ante el ’’incremento de las agresiones sexuales entre menores’’.
En concreto, cita los resultados del ’Estudio sobre pornografía en las Baleares, acceso e impacto sobre la adolescencia’ que revela, entre otros datos, que entre un 15 y un 20% de los adolescentes tuvieron su primer contacto con la pornografía entre los 7 y los 9 años.
Junts advierte de que el consumo de ponografía entre los menores genera ’’relaciones sexo-afectivas contrarias al respeto, al placer compartido y a la educación en igualdad’’. Además, considera ’’especialmente preocupante’’ la ponografía que reproduce ’’violaciones individuales o grupales’’.
Según recuerda el grupo parlamentario, citando datos del Ministerio del Interior, los delitos sexuales múltiples se incrementaron un 56% entre 2016 y 2021, y una de cada cuatro agresiones de este tipo la realizó un menor de edad, con 439 menores condenados por este tipo de delitos.
Entre otros casos recientes, Junts recuerda el de la niña de 11 años que fue violada por seis adolescentes en un centro comercial de Badalona o el caso de Burjassot, en Valencia, donde cinco jóvenes violaron en grupo a dos niñas de 12 y 13 años.
Fuente: (EUROPA PRESS)
