La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha presentado el ’Cuidados sin sujeciones 2023’ en el que reclama un cambio legislativo que facilite la supresión de sujeciones físicas, mecánicas o químicas en residencias de mayores y que contemple ’’claramente’’ las situaciones ’’excepcionales’’ en las que sea posible utilizarlas, estableciendo los requisitos legales de uso ’’adecuado’’ en tiempo y en forma.
Así, la organización pide la supresión ’’total’’ de las sujeciones para ’’respetar el derecho de libertad y dignidad de los mayores’’. En este sentido, subrayan que todas las personas atendidas en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tienen derecho a recibir una atención ’’libre’’ de sujeciones.
’’No estar sujeto es un derecho y estamos privando a las personas de ello. Siempre que des la opción de no sujetar van a elegirlo’’, ha asegurado durante la presentación del documento la presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia.
En cualquier caso, Urrutia ha explicado que las sujeciones deben ser utilizadas ’’únicamente en situaciones urgentes, de manera temporal y excepcional’’ y en las que, con el objetivo de ser abordadas sin sujeción, ’’se hayan aplicado medidas preventivas que eviten su uso pero que finalmente hayan fracasado’’.
De este modo, la SEGG plantea al Ministerio de Derechos Sociales que exija a todos los centros un plan de actuación para la supresión total y segura de sujeciones que deberá ser aprobado por las comunidades autónomas y controlado por el servicio de inspección.
Se limitarían, por tanto, estas sujeciones, a cuadros agudos de urgencia vital en los que se den situaciones o conductas que representen una amenaza ’’real’’ para la integridad física de la persona o de terceras personas; protección de dispositivos sanitarios de urgencia vital; asegurar el reposo cuando esté indicado por razones terapéuticas; enfermedad mental diagnosticada en situación de crisis aguda; y siempre que el paciente lo haya solicitado voluntariamente y el médico considere que existen criterios clínicos de indicación.
La SEGG también recuerda que todos los usuarios atendidos en centros residenciales deben recibir una atención ’’de calidad’’. Por tanto, en el caso excepcional de que una persona tenga que ser sometida a una sujeción, dicha atención deberá tener ’’las mismas garantías de calidad y seguridad que el resto de los usuarios’’.
Por ello, considera que una sujeción ’’siempre’’ debe estar sometida a un procedimiento documentado, que deberá contar con prescripción médica, supervisión técnica, consentimiento informado, determinación de tiempos de la sujeción (no superior a 24 horas) y formato de la sujeción, así como un análisis de los riesgos que entrañaría su uso y la comunicación de infracciones al Ministerio Fiscal.
De este modo, la SEGG considera ’’clave’’ el papel de la Administración Pública en la transformación del modelo de cuidado español hacia un modelo que no sujeta y plantea subvenciones a la formación de los centros; planes de inspección que contemplen la exigencia de la retirada de las sujeciones; visibilización de los centros libres de sujeciones; concursos públicos de gestión de plazas públicas que exijan que los centros sean libres de sujeciones o se encuentren retirándolas; y la obligatoriedad de los centros de mostrar públicamente el derecho que los usuarios tienen de exigir una atención libre de sujeciones, entre otras.
’’Nosotros no decimos que la sujeción no se debe de utilizar nunca, hay situaciones médicas muy concretas que se pueden utilizar, pero claro, temporalmente, no puede ser que se utilicen de manera crónica’’, ha afirmado Urrutia.
Por su parte, el presidente de la asociación Dignitas Vitae, José Pascual Bueno, ha añadido que se trata de ’’un cambio cultural’’ en el cuidado de las personas, porque para ’’reaccionar hay que saber nombres y apellidos’’. ’’No se puede generalizar en los pacientes’’, ha asegurado.
El presidente de la SEGG, Jose Augusto García, que ha reclamado más formación para el personal que atiende a estas personas, ha asegurado que el documento llega en un momento ’’idóneo’’ de transformación de los cuidados de larga duración hacia un modelo donde se tienen en cuenta los derechos. ’’Actualiza cómo estamos a nivel de España, desde el punto de vista legislativo y da pautas para que las organizaciones de personas mayores con dependencia puedan hacer un cuidado sin sujeciones’’, ha resumido.
Fuente: (EUROPA PRESS)
