La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha presentado un informe en el que se identifican ’’actuaciones de emergencia’’ para paliar el ’’impacto negativo’’ de la modificación del trasvase Tajo-Segura y la sobreexplotación de acuíferos del Vinalopó-Alacantí.
Así lo ha indicado este jueves, durante una reunión conjunta de su Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEV Alicante, celebrada en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), según ha señalado la patronal en un comunicado.
La Comisión de Aguas de la CEV ha incidido en la ’’urgencia’’ de la puesta en marcha y ejecución de varios trabajos para ’’paliar los impactos negativos’’ de la posible materialización del escenario de reducción de 110 hm3 del caudal ecológico en las cuencas del Tajo, Cuenca y Segura, como prevé el Real Decreto 35/2023.
En este sentido, han destacado entre esas actuaciones el Plan Vertido 0, que supone una serie de inversiones para conseguir la reutilización del 100% de las aguas procedentes de las depuradoras de la zona metropolitana de Alicante.
Del mismo modo, la CEV ha calificado de ’’capital’’ que, a corto plazo, se ejecuten las infraestructuras contempladas en el actual Plan Hidrológico, como son la finalización de las obras de conducción Júcar-Vinalopó e instalaciones fotovoltaicas de bombeo de agua.
Asimismo, ha añadido que, a medio plazo, es ’’necesaria’’ la reparación de las filtraciones del embalse de San Diego, ’’actuación no contemplada en el vigente plan hidrológico’’, y la modificación de normas de explotación del Júcar-Vinalopó con la concesión de las pertinentes autorizaciones.
Igualmente, ha instado a incluir en el próximo Plan del Júcar la transferencia de excedentes del Júcar al Segura, desde el Azud de la Marquesa, aprovechando la infraestructura ya existente.
Por otra parte, el informe ha destacado también como actuación urgente la conexión de la desaladora de Mutxamel (Alicante) a municipios de El Campello (Alicante) para reducir las extracciones aguas subterráneas del acuífero del Vinalopó-Alacantí.
Estas actuaciones se estima que tendrían un coste por encima de los 420 millones de euros y permitirían obtener recursos adicionales de agua que ’’paliarían, en parte, la reducción del caudal de agua trasvasada por el Tajo’’.
El informe cita otras actuaciones a tener en cuenta, como trabajar en proyectos adicionales que aporten recursos hídricos a los regantes, que sean ’’estables y viables’’ económicamente; asignar concesiones de agua procedente de la desaladora de Torrevieja a los regantes de la provincia de Alicante y analizar y revisar el mapa concesional de derechos de aguas para reajustarlo a los nuevos recursos e infraestructuras.
Fuente: (EUROPA PRESS)
