La Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del ’Solo sí es sí’, y la Ley Trans y por los derechos de las personas LGTBI+, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, han marcado el mandato del Gobierno de coalición en materia de política social por provocar la división del propio Ejecutivo, además de la del movimiento feminista.
La reforma de los delitos sexuales se impulsó tras las críticas a la sentencia de La Manada cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy. Con Sánchez en el Gobierno y Montero como ministra de Igualdad esta modificación tomó forma con el objetivo de ’’poner el consentimiento en el centro’’ del delito, así como para unificar los delitos de abuso y agresión en el Código Penal, entre otras cuestiones.
Pero estas dos medidas han sido las que más polémicas han generado por el cuestionamiento que de ellas se ha realizado desde los organismos judiciales, especialmente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que alertó en su informe sobre la norma de que la nueva definición de consentimiento ’’no lograría evitar la victimización secundaria’’ de las mujeres y de que la aprobación de este texto provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.
Sin embargo, este texto pasó el visto bueno del Consejo de Ministros y fue tramitado en el Congreso, con visibles discrepancias entre los socios de Gobierno en algunas medidas, pero sin que estos puntos fueran modificados sustancialmente.
REFORMA DE LA LEY MESES DESPUÉS El ’solo sí es sí’ fue aprobado definitivamente en agosto de 2022 y entrando en vigor en octubre de ese mismo años de forma parcial y totalmente el 7 de marzo de 2023. Desde entonces, se han contabilizado, según los últimos datos del CGPJ, más de 1.000 revisiones de condenas a agresores sexuales y más de un centenar de excarcelaciones, a lo largo de meses provocaron alarma social y las peticiones constantes por parte de la oposición de que el texto fuera modificado.
Cuatro meses después de su entrada en vigor y ante la imposibilidad de que PSOE y Podemos pudieran llegar a un acuerdo sobre la cómo reformar la norma, los socialistas registraron su propia propuesta en el Congreso que fue aprobada el pasado abril con el voto en contra de los ’morados’ y la mayoría de los socios del Gobierno en el Parlamento.
LA LEY TRANS Mientras, la Ley Trans y por los Derechos LGTBI+ tuvo desde un inicio a la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, como su principal detractora. Calvo llegó a calificar de ’’peligrosa’’ la norma y, una vez fuera del equipo de Gobierno, se abstuvo en las votaciones del texto en el Congreso desde su escaño de diputada.
El PSOE criticó la autodeterminación de género que plantea esta norma y la eliminación de los requisitos de tratamiento hormonal y de un diagnóstico médico de disforia de género para solicitar el cambio registral de sexo, como se reclamaba con la anterior legislación. Llegó a presentar en la Cámara baja dos enmiendas relacionadas con el cambio de sexo de los menores que, tras ser rechazadas, retiraron para el resto de la tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado.
DIVISIÓN DEL FEMINISMO Esta división política se ha reflejado también en el movimiento feminista que, por primera vez, en 2021 se manifestó separado en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Por un lado, han marchado las denominadas ’feministas clásicas’, lideradas por exdirigentes socialistas y en contra de la Ley Trans. Además, en la manifestación de 2023 se pedía de forma explícita la dimisión de Irene Montero, también por las consecuencias de la Ley del ’solo sí es sí’.
La otra manifestación es la convocada de forma histórica por la Comisión 8M, que además, es afín al partido de la Ministra. De ahí que el propio equipo del Ministerio de Igualdad haya participado en esta marcha. También lo ha hecho el PSOE, aunque con un perfil más bajo que años anteriores, y debido a que las ’clásicas’ culpan al Gobierno, en general, de las leyes aprobadas.
LEY DEL ABORTO Sí hubo consenso en el Gobierno en relación a la reforma de la Ley del aborto, que se aprobó para recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las menores de 16 y 17 años sin necesidad de una autorización de sus padres.
Esta medidas también crea una lista de profesionales objetores a esta medida (como se hizo en su día con la Ley de la Eutanasia) y elimina los tres días de reflexión tras la solicitud de un aborto. También incluye el reparto de productos anticonceptivos en centros de salud; pone en marcha una baja por menstruaciones incapacitantes; además de declarar como violencia contra la mujer la gestación subrogada, entre otras medidas.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL IMV Entre las medidas sociales que se han puesto en marcha también destaca el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renta creada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para luchar contra la extrema pobreza tras la pandemia. Hasta abril de 2023, esta iniciativa había llegado a más de 600.000 hogares.
En este caso, las críticas al Gobierno llegaron desde la oposición por, a su juicio, la mala gestión que estaba haciendo de esta prestación que, según han denunciado, no ha llegado a todos los hogares que debería y a los que el propio Gobierno había prometido (850.000).
Se trata de una prestación que se cobra mensualmente teniendo en cuenta los ingresos de cada familia y puede variar dependiendo de los miembros de dicho hogar, la presencia de menores, personas con discapacidad o dependientes, entre otras.
También en materia de ayudas, se aprobó en febrero de este año la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que fija la obligatoriedad de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 2030.
Esta es una de las principales novedades de esta norma, que ha tomado el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, y que atendía a una reivindicación del sector. El Gobierno se había marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) era que en 2023 se alcanzara el 0,34%.
Asimismo, la ley prevé que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria; la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante.
ACOGIDA DE REFUGIADOS Y LEY DE EXTRANJERÍA La legislatura del Gobierno de coalición ha estado marcada también por la acogida de refugiados afganos en España que huyeron de la llegada del Régimen Talibán al poder en el país; así como a los refugiados Ucranianos como consecuencia de los ataque rusos y para los que se dispuso cuatro centros de acogida en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.
En el caso del conflicto en Ucrania, el Ejecutivo aprobó una figura que ha permitido la solicitud de protección ’express’ para los refugiados que concede de forma inmediata el permiso de residencia y trabajo para los solicitantes. Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, hasta ahora, España ha concedido más de 170.000 protecciones internacionales a estos desplazados.
Por otra parte, ha aprobado un reglamento de la Ley de Extranjería que permite a los extranjeros en situación irregular en España acogerse al arraigo por formación. El migrante deberá comprometerse a realizar una formación reglada para el empleo para obtener su regularización. El objetivo, según explicó Escrivá en la presentación de esta norma, es facilitar la incorporación al trabajo de las personas migrantes.
Fuente: (EUROPA PRESS)
