Funcionarios de la Administración de Justicia se han manifestado este martes en la madrileña calle de Ferraz –al grito de ’’PSOE, escucha, resuelve esta lucha’’– para reclamar al presidente Pedro Sánchez que interceda ante el Ministerio de Justicia para que reanude la negociación entre los sindicatos y el Gobierno con la intención de poner fin a la huelga indefinida que empezaron el pasado 17 de abril con paros parciales y endurecieron el 22 de mayo.
’’Exigimos al presidente del Gobierno que negocie ya de una vez’’, ha señalado Javier Hernández, de CCOO, en declaraciones a la prensa al tiempo que ha asegurado que no entiende cómo el Ejecutivo ha podido ’’no negociar en este mes y medio de huelga indefinida’’ que mantiene el cuerpo de 45.000 funcionarios.
El comité de huelga –integrado por los sindicatos de CSIF, STAJ, CCOO y UGT– ha remitido ya dos cartas al presidente Sánchez, una a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y otra a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. ’’Nos hemos dirigido al presidente del Gobierno porque está claro que este conflicto exige una solución’’, ha asegurado Antonio Lozano, portavoz de UGT, frente a la sede del PSOE.
Este martes, ataviados con bocinas y pancartas y al grito de ’’Os vais a enterar a la hora de votar’’, cerca de un centenar de funcionarios ha acudido a la convocatoria de los sindicatos para manifestarse frente a la sede de los socialistas después de que el comité de huelga anunciara su decisión de seguir adelante con la huelga pese al adelanto electoral al considerar que ’’no existe impedimento legal’’ para que el Ejecutivo negocie con los sindicatos.
’’LA HUELGA INDEFINIDA SE MANTIENE’’ ’’La huelga indefinida se mantiene porque entendemos que el Gobierno, ahora más que nunca, tiene que negociar con los sindicatos y funcionarios de la Administración de Justicia que están peleando por un derecho fundamental, el derecho de conseguir que se le reconozcan tras más de 30 años sus funciones’’, ha señalado el portavoz de CCOO.
Hernández ha incidido en que ’’el Gobierno no está funciones’’. ’’El Gobierno es Ejecutivo, lo que está disuelto es el Parlamento’’, ha apuntado. Así las cosas, desde CSIF, STAJ, CCOO y UGT insisten en que ’’existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018’’, por lo que exigen al Ministerio de Justicia que ’’no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad’’.
Al hilo, el portavoz de CCOO ha recordado que el Ejecutivo aún tiene pendiente aprobar el real decreto por el que se acuerda la subida de hasta unos 450 euros brutos al mes para jueces y fiscales. ’’El Gobierno sí puede aprobar reales decretos. No puede aprobar leyes, ni puede tramitar leyes en el Parlamento, pero claro que está en condiciones de aprobar un real decreto que garantice la mejora de las condiciones de trabajo del personal de Justicia’’, ha añadido.
Sobre este extremo, fuentes gubernamentales han señalado a Europa Press que al disolverse las Cortes Generales decaen las leyes de eficiencia de Justicia a las que va ligada ’’cualquier subida’’ de los funcionarios.
En este sentido, las mismas fuentes han recordado que desde el PSOE ya se habían pronunciado al respecto y habían explicado que si había Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa habría una subida relacionada a las nuevas cargas de trabajo. Así las cosas, han incidido en que de momento, con las Cortes disueltas, no hay ley ni subida.
Juan Carlos Ferreiro, de CSIF, ha avisado que seguirán con las movilizaciones pese al adelanto electoral para que la ministra cumpla con su palabra de ’’negociación y diálogo, que siempre pone de manifiesto’’ pero que, a su juicio, ’’no está llevando a cabo’’ con los funcionarios.
Según ha explicado en declaraciones a la prensa Francisco López, de STAJ, el comité de huelga ha recibido este martes el respaldo de las asambleas a nivel nacional para seguir adelante con la huelga indefinida. ’’Entendemos que no existe un Gobierno en funciones’’, ha insistido.
SUS REIVINDICACIONES Los funcionarios habían endurecido la huelga el pasado 22 de mayo para reclamar que se reanudasen las negociaciones que se vieron frustradas el 24 de abril. Entre sus reivindicaciones reclaman una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y con jueces y fiscales.
Los 46,7 millones de euros que el Ministerio ha desembolsado para los 8.000 jueces y fiscales representan casi el doble de los 22,7 millones de euros que consiguieron los 4.000 LAJ tras dos meses de huelga, pero se queda por debajo de los 200 millones de euros que exigen los casi 45.000 funcionarios.
Además, solicitaban que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere ’’imponer, sin negociar’’, poniendo ’’en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas’’.
Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia –insignias del Ministerio– quedan paralizadas con la disolución de las Cortes Generales. También quedan suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.
Fuente: (EUROPA PRESS)
