La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la creación de un certificado europeo que facilite a los representantes de personas dependientes la prueba de sus poderes en otro Estado miembro a fin de garantizar la protección transfronteriza de aquellos ciudadanos que, por una deficiencia o insuficiencia de sus facultades personales, no estén en condiciones de proteger sus propios intereses.
El certificado será válido por un tiempo limitado para garantizar que la información incluida en esté actualizada y sea confiable y aunque será opcional para los representantes solicitarlo, las autoridades de la UE estarán obligadas a emitirlo.
Las nuevas normas están destinadas a garantizar que se mantenga la protección de los adultos en los casos transfronterizos y que se respete su derecho a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones en lo que se refiere a su persona y a sus futuras disposiciones cuando estos se desplacen dentro de la UE.
El reglamento propuesto introduce un conjunto de normas que se aplicarán dentro de la UE, en particular para establecer qué tribunal es competente, qué ley es aplicable, en qué condiciones debe darse efecto a una medida extranjera o a poderes de representación extranjeros y cómo pueden cooperar las autoridades.
Se trata de un refuerzo de la cooperación judicial europea con el fin de proteger a los más vulnerables, según ha señalado en rueda de prensa el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien ha destacado que las nuevas normas simplificarán los procedimientos transfronterizos, mejorarán la seguridad jurídica, reducirán el coste y garantizarán la protección de los derechos humanos.
El paquete presentado este miércoles incluye también una propuesta de decisión del Consejo que busca obligar a los Estados miembro bien a adherirse o a permanecer en el Convenio de La Haya de 2000 sobre la Protección de Adultos, lo que proporcionará un marco jurídico uniforme para la protección de los adultos.
La propuesta de reglamento aún deberá ser debatida y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo y no se aplicaría hasta pasados 18 meses de su adopción. Los Estados miembro tendrán entonces 4 años para hacer que sus canales de comunicación sean electrónicos y 5 años para crear un registro e interconectarlo con los registros de otros países de la UE.
Por su lado, la decisión del Consejo debe ser adoptada por los Veintisiete previa consulta al Parlamento Europeo y aquellos Estados miembro que aún no sean parte del Convenio sobre la Protección de Adultos sobre la protección de los adultos tendrán 2 años para cumplir y adherirse a él.
Fuente: (EUROPA PRESS)
