El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha condenado a ocho años y diez meses de prisión al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, por corrupción pasiva y lavado de dinero durante su etapa como senador en el marco de la operación ’Lava Jato’.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ha definido al sentencia en base a cuatro años y cuatro meses por el delito de corrupción pasiva, y a cuatro años y seis meses por blanqueo de capitales. Estas dos condenas, sumadas, alcanzan un total de ocho años y diez meses. En cuanto a la acusación de asociación delictiva, De Moraes sostiene que ha caducado porque el acusado tiene más de 70 años.
Debido a la sanción definida, la sentencia debe cumplirse inicialmente en régimen cerrado. Collor ha sido inhabilitado para ejercer un cargo público y tiene que pagar –junto a los demás condenados de la demanda– una multa de 20 millones de reales brasileños (3,7 millones de euros) por daño moral colectivo.
Esta sentencia ha sido definida después de varias sesiones de juicio, después de que el magistrado Edson Fachin defendiera una pena de 33 años y diez meses de prisión. La Procuraduría General de la República (PGR), al presentar la denuncia, sugirió una pena de 22 años y ocho meses de cárcel.
Aunque la sentencia ha sido dictada, el acusado no será arrestado de inmediato, porque la defensa del exsenador puede presentar recursos de apelación ante el Tribunal Supremo, informa el periódico ’O Globo’.
El equipo legal de Collor durante el juicio pidió la absolución, alegando que las acusaciones de la PGR se basan en testimonios de terceros, sin presentar ninguna prueba que incrimine al exsenador.
El expresidente y exsenador está acusado de sobornos en un esquema de corrupción en BR Distribuidora, filial de Petrobras. Según el juez Edson Fachin, las pruebas demuestran que, de 2010 a 2014, Collor influyó en los mandos directorios de la compañía, lo que llevó a la firma de contratos entre la estatal y la constructora UTC. La Fiscalía sostiene que el acusado, a cambio, recibió 20 millones de reales brasileños (3,7 millones de euros).
El magistrado ha indicado que se agudiza la culpabilidad del imputado, ’’pues la pertenencia a un grupo delictivo organizado por parte de quien suele ser titular de la confianza popular para el ejercicio del poder conlleva un juicio de desaprobación mucho más intenso de lo que correspondería en el caso de un ciudadano común’’.
Fuente: (EUROPA PRESS)
