La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa al juicio contra los 11 acusados del caso Multimedia por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público.
Entre los imputados se encuentran el exsenador del PSIB Antoni Manchado, quien durante esa época era consejero delegado de la Sociedad Multimedia, así como el exlíder socialista en Calvià Francisco Cano o el que fuera propietario de la productora audiovisual Miquel Oliver.
Según recuerda el fiscal, la Sociedad Multimedia de Baleares se constituyó como sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad, que es su socio único. Dicha sociedad tenía personalidad jurídica propia, adscribiéndose a la Conselleria de Presidencia.
Mediante decreto de la Conselleria, se modificaron los estatutos de la empresa y se amplió el objeto de la misma. Además, con arreglo a dicho decreto fueron nombrados consejeros del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares dos de los imputados en la causa, entre ellos Manchado.
De esta manera, desde febrero de 2008 a octubre de 2011, con el nuevo Consejo de Administración y la ampliación del objeto social, había principalmente dos líneas de actuación, dirigidas por los dos procesados previamente mencionados.
Así, durante este periodo, se concertaron una serie de contratos que, según el fiscal, iban en contra de los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación. También se excluyeron eventuales competidores para la contratación o, en otras ocasiones, se beneficiaron amigos o personas cercanas al entorno de los dirigentes de Multimedia.
La mecánica, añade Fiscalía, para enriquecerse injustamente, consistía en sustraer a la Administración insular recursos materiales presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes, de forma deliberada.
Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago ’’injusto’’, según el fiscal, por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.
En total, el Ministerio Público hace referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados.
Fiscalía interpreta que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, otro de fraude a la administración, un delito continuado de malversación, otro continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario y un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de falsedad en documento público.
Cabe recordar que la causa fue abierta en 2014 en virtud de una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros, que se habrían cometido a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia.
SOLICITUD DE PENAS Para cuatro acusados, el fiscal pide 17 años de cárcel, 207.200 euros de multa e inhabilitación durante 32 años –a cada uno–.
Asimismo, para tres de ellos pide 12 años de cárcel, diez años de inhabilitación absoluta, otros cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, y 3.600 euros de multa.
Por otro lado, para otros dos procesados solicita 14 años de cárcel, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 203.600 euros.
Además, para los dos últimos, reclama penas que suman 12 años de cárcel –para cada uno–, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 3.600 euros de multa.
Por otro lado, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma en la cantidad total de 814.314 euros.
Fuente: (EUROPA PRESS)
