El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves presionar a aquellas empresas que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente con sanciones y multas que van desde medidas como ’’nombrar y avergonzar’’ hasta retirar del mercado los productos de una empresa o imponer multas de al menos el 5% de su facturación mundial neta.
El texto, adoptado con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, establece la posición negociadora del Parlamento, por lo que ahora pueden comenzar las negociaciones con los Estados miembro sobre el texto final de la legislación.
Las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la Unión Europea, independientemente de su sector, incluidos los servicios financieros, con más de 250 empleados y una facturación mundial superior a 40 millones de euros, así como a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros.
También se incluirán empresas extracomunitarias con una facturación superior a 150 millones de euros, si al menos 40 millones se generaron en suelo comunitario y para aquellas empresas no pertenecientes a la Unión que no cumplan las normas, las sanciones contemplan que se prohíba su contratación pública en la UE.
Las empresas deberán implementar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5° y en el caso de grandes empresas con más de 1.000 empleados, el cumplimiento de los objetivos del plan tendrá un impacto en la retribución variable de un consejero (fe bonus).
Las nuevas reglas también exigen que las empresas se comprometan con las personas afectadas por sus acciones, incluidos los activistas ambientales y de derechos humanos, introduzcan un mecanismo de quejas y supervisen periódicamente la eficacia de su política de diligencia debida.
Los eurodiputados han apoyado que las compañías identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, terminen o mitiguen el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Además, deberán monitorear y evaluar el impacto de sus socios de la cadena de valor, incluidos no sólo los proveedores, sino también las áreas de venta, distribución, transporte, almacenamiento o gestión de desechos o, de lo contrario, serán responsables de los daños y perjuicios y podrán ser sancionadas por las autoridades nacionales de supervisión.
Según el texto adoptado, las nuevas obligaciones se aplicarían a los 3 o 4 años en función del tamaño de la empresa y las de menor tamaño podrán retrasar un año más la aplicación de las nuevas normas.
Fuente: (EUROPA PRESS)
