El Tribunal Supremo (TS) será el encargado de resolver qué juzgado dirigirá las pesquisas sobre el teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva –ex jefe Antidroga para El Estrecho de Gibraltar– y otros dos agentes por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho, después de que el Juzgado de Parla rechazara asumir el caso al considerar que debe investigarse en Andalucía, lo que ha llevado a la Audiencia Nacional (AN) a plantear una cuestión de competencia.
El caso comenzó a investigarse de forma secreta en la AN como una pieza separada de una causa mayor sobre narcotráfico. Pero el pasado mayo, el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, archivó la investigación principal y acordó enviar la parte relativa a Oliva al Juzgado de Parla.
Abascal razonó entonces ’’nos encontramos ante la presencia de un presunto delito de revelación de secretos en relación de concurso medial con un delito de cohecho’’ y, ’’para consumar el delito de cohecho, el momento inicial de la acción delictiva hay que situarlo en la sustracción de los secretos e información reservada que posteriormente fueron entregados como dádiva’’.
Con todo, concluyó que el juzgado competente era el de Parla porque dicha sustracción ’’se produjo en la sede del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, radicada en Pinto (Madrid), perteneciente al partido judicial de Parla’’.
Sin embargo, el juzgado de Parla ha rechazado asumir el caso al entender que el delito se consumó en Andalucía, donde estaba la sede del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON).
Así las cosas, la causa volvió a la Audiencia Nacional, donde Abascal acordó plantear una cuestión de competencia para que sea el Tribunal Supremo quien dirima el asunto, según ha avanzado El Independiente y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
SUPUESTAS PRESIONES Oliva habría presionado a dos tenientes para saber si Asuntos Internos le estaba investigando por asistir a una fiesta del ’narco’, unas pesquisas que, según las citadas fuentes, no se estaban llevando a cabo.
No obstante, Asuntos Internos sí advirtió esas presuntas presiones y le empezó a investigar por eso. También dirigió sus pesquisas contra los otros dos tenientes, igualmente por ambos delitos.
Las presiones se habrían producido durante su etapa como jefe del OCON-Sur, creado a mediados de 2018 como unidad puntera en la lucha antidroga y desmantelado el pasado septiembre por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El juez acordó el pasado 12 de abril dejar en libertad pero con la obligación de comparecer mensualmente tanto a Oliva como a los otros dos agentes. Esa decisión, tomada a instancias de la Fiscalía Antidroga, llegó después de escuchar durante varias horas la versión de los tres investigados, que negaron los hechos que se les imputan.
Fuente: (EUROPA PRESS)
