El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, ha informado del bloqueo del debate sobre reformas políticas del Gobierno debido a los polémicos audios del exembajador en Caracas Armando Benedetti sobre el origen de la financiación de la campaña electoral del presidente del país, Gustavo Petro.
’’Se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos no solamente dialogar y reconstruir la coalición del Gobierno, sino para darles el trámite debido, discusiones tan importantes cómo estás que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país no puede ser medidas por factores externos’’, ha dicho Racero.
La Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento colombiano, está inmersa en el trámite de las nuevas reformas en materia social, laboral, de salud y de pensiones impulsadas por el Gobierno de Petro y que ya han generado tensiones previas en el seno del Ejecutivo y de la coalición que lo apoya.
El caso de los audios filtrados de Benedetti ha provocado un nuevo terremoto en la política interior colombiana, pues pone en duda el origen de la financiación de la campaña electoral de Petro, quien sin embargo ha salido al paso para defender la legalidad de la misma, pues se realizó en su mayoría con ’’prestamos de la banca’’.- En los mencionados audios, el exembajador colombiano en Caracas asevera haber mantenido un centenar de reuniones y haber logrado recaudar hasta 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro. En este punto, el diplomático afea al mandatario no haberse reunido con él y amenaza con sacar a la luz información comprometedora.
La semana pasada, Benedetti y la exjefa de Gabinete Laura Sarabia renunciaron a sus cargos después de que ambos se vieran supuestamente involucrados en las presiones –intercepciones telefónicas ilegales incluidas– que sufrió la niñera de la exjefa de Gabinete, Marelbys Meza, a quien se acusó de haberle robado unos 6.500 euros.
Sarabia habría hecho uso de agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a Meza hasta una sala de un edificio inscrito a la Presidencia, donde, según denunció, fue sometida a una prueba del polígrafo para descubrir si era responsable de un robo de 31.000 euros, cifra casi cinco veces superior a la denunciada.
Fuente: (EUROPA PRESS)
