El Tribunal de Cuentas aplazó la semana pasada la aprobación del informe de fiscalización sobre los contratos suscritos en pandemia por casi una docena de ministerios del Gobierno de coalición, una decisión que se adoptó al detectarse ’’defectos técnicos y jurídicos’’ en el borrador que se sometió a debate, según aseguran a Europa Press fuentes de la institución.
Se trata de un informe sobre la gestión de los ministerios del área económica y social y sus organismos públicos en los meses de pandemia, cuando se utilizaron los contratos de emergencia de forma generalizada. Afecta a los departamentos de Asuntos Económicos, Hacienda, Transición Ecológica, Industria, Sanidad, Agricultura, Inclusión, Transportes y Sanidad, todos ellos gestionados por el PSOE, y a los de Trabajo, Derechos Sociales y Consumo, con titulares de Unidas Podemos.
Es el único que falta de los siete informes sectorializados que se comprometió a aprobar el Tribunal de Cuentas sobre la pandemia, pues a lo largo de los últimos meses ya han visto la luz los seis anteriores, relativos al sector local, las comunidades autónomas, la Seguridad Social, los ministerios políticos (Interior, Defensa, Justicia, etcétera) e incluso la parte de atención sanitaria que gestiona el Ministerio. Al margen de estas siete fiscalizaciones debe aprobarse un informe general sobre la pandemia, pero no puede abordarse hasta acabar los exámenes parciales.
Las directrices técnicas del informe sobre el área económica y social del Gobierno ya se habían fijado antes de la renovación de los consejeros a finales de 2021 e incluso uno de los entonces consejeros, elegido a propuesta del PP, había empezado ya con ello. Año y medio después el informe sigue pendiente.
Según ha publicado el diario ’El Mundo’, el consejero que actualmente estaba a cargo del informe, Javier Morilla, también elegido en su día a instancias del PP, presentó su fiscalización en el Pleno de la semana pasada, pero fue rechazado por la mayoría de consejeros.
En la institución aseguran a Europa Press que el informe no salió adelante porque la mayoría del Pleno considera que el trabajo presenta ’’defectos técnicos y jurídicos’’, por lo que se ha devuelto el texto al ponente para tratar de resolver esos puntos. El informe no se elimina y tendrá que aprobarse cuando se corrijan esos problemas, ya que está recogido en el Plan Anual de Fiscalizaciones.
Fuente: (EUROPA PRESS)
