La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha detectado mejoras en el mercado laboral de Qatar en estos últimos años, pero cree que aún siguen siendo insuficientes para que los trabajadores puedan, por ejemplo, reclamar impagos de forma generalizada o ganar libertad a la hora de cambiar de empleo, especialmente cuando se trata de personal extranjero.
La OIT, que colabora con las autoridades qataríes desde 2018, ha reconocido que muchos trabajadores migrantes siguen teniendo trabas para cambiar de trabajo por la estricta aplicación de un sistema de patrocinio o ‘kafala’ que prácticamente ata al empleado con su empleador, lo que «crea oportunidades para la explotación y el trabajo forzado».
La agencia aspira a que «todos los trabajadores y empleados» puedan beneficiarse de las reformas sobre movilidad laboral en el sistema ‘kafala’, para lo cual se ha comprometido a seguir colaborando en el futuro con las autoridades locales y supervisar la evolución de unas reformas reclamadas de forma insistente por las organizaciones defensores de los Derechos Humanos.
El Ministerio de Trabajo de Qatar ha aprobado en dos años unos 350.000 cambios de empleo, insuficientes a ojos de los analistas internacionales, que han vuelto a poner el foco en Qatar en un momento clave por la inminente celebración del Mundial de fútbol, que arranca este mismo mes.
Los trabajadores foráneos tampoco tienen derecho a sindicarse, si bien en estos últimos años se habrían favorecido la creación de comités de enlace entre empleados y empresas que, por ahora, se extienden a más de 70 empresas con más de 40.000 empleados en total.
DENUNCIAS POR IMPAGOS El informe reconoce igualmente avances en el ámbito salarial por el sueldo mínimo aplicado desde marzo de 2021, gracias al cual un 13 por ciento de los trabajadores pudieron cobrar más, y por el incremento de las multas para las empresas que no pagan a sus empleados.
Sin embargo, los impagos siguen siendo el principal motivo de queja, al menos por los cauces oficiales establecidos por el Gobierno qatarí tras años en los que la voz de los trabajadores ha permanecido prácticamente silenciada.
De las 34.425 quejas presentadas en el último año, la mayoría corresponden a deudas salariales. Dos de cada tres se resolvieron sin llevar a juicio y, en el 31 por ciento que sí terminaron en los tribunales, el 84 por ciento se saldaron con veredictos favorables al demandante.
