Al menos 17 estados en Brasil han registrado protestas por parte de simpatizantes del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, con más de 100 puntos de bloqueo en las carreteras por tercer día consecutivo desde la celebración de las elecciones que dieron la victoria al candidato de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal de Carreteras (PRF) ha informado de que cerca de 2.000 conductores han sido multados entre el lunes y la jornada de este miércoles por interrumpir el tráfico, ascendiendo el monto total a cerca de 18 millones de reales brasileños (3,5 millones de euros).
La PRF también ha precisado que, a las 6.30 horas del miércoles (hora local), los bloqueos ascendían a 167 en comparación con los 271 puntos registrados en la madrugada del martes, según ha recogido el diario ‘O Globo’.
Las protestas se suceden desde que el expresidente Lula se hizo con la victoria en las elecciones del domingo. Su rival, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunció el martes tras más de 48 horas en silencio, sin hablar de su derrota y recalcando únicamente que cumpliría con la Constitución.
En su breve declaración, el líder de la ultraderecha brasileña rechazó a quienes le han tachado a lo largo de estos años de «antidemocrático» y aseguró haberse movido siempre «dentro de las cuatro líneas de la Constitución».
Si bien calificó los bloqueos en las carreteras como una manifestación de la «indignación» y la «injusticia» por «cómo se dio el proceso electoral», pidió que transcurrieran de manera «pacífica» para dejar claro que ellos no actúan como la izquierda, cuyos métodos «siempre perjudicaron a la población».
Su discurso se produjo después de que los gobernadores de varios estados de Brasil decidieran el martes movilizar a la Policía Militar, que depende directamente de las regiones, ante la aparente inacción federal para eliminar los bloqueos de carreteras.
El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, avaló que las fuerzas de seguridad estatales pudiesen desplegarse para colaborar en las tareas que, teóricamente, le corresponden a la PRF, que depende del Gobierno central.
