La ONG Human Right Watch (HRW) ha denunciado que las autoridades de Irán han intensificado sus ataques contra la disidencia y las protestas generalizadas mediante «dudosos cargos» de seguridad nacional contra activistas detenidos y juicios «manifiestamente injustos».
Según ha podido saber la organización, el jefe del Poder Judicial de la provincia de Teherán habría emitido alrededor de mil acusaciones contra los arrestados en relación con las protestas por la muerte de Masha Amini.
Entre estas, se encuentra una que data del 29 de octubre y por la cual el Ministerio de Inteligencia de Irán y la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica acusaron a dos periodistas de participar en un supuesto curso de capacitación de entidades respaldadas por la inteligencia estadounidense.
Estas periodistas, Niloufar Hamedi y Elaheh Mohamadi, habían informado inicialmente sobre la muerte de Masha Amini bajo custodia policial.
«El despiadado aparato de seguridad de Irán está utilizando todas las tácticas a su alcance, incluida la fuerza letal contra los manifestantes, el arresto y la calumnia de los defensores de los Derechos Humanos», ha afirmado la investigadora sobre Irán de la ONG, Tara Sepehri Far.
«Sin embargo, cada nueva atrocidad solo refuerza por qué los iraníes exigen cambios fundamentales a una autocracia corrupta», ha agregado.
Con todo, una red informal de activistas dentro de Irán, conocida como el Comité de Voluntarios para el Seguimiento de la Situación de los Detenidos, ha detallado que hasta el 30 de octubre –además de los arrestos masivos de manifestantes– las agencias de inteligencia habrían arrestado a 130 defensores de los Derechos Humanos, 38 defensores de los derechos de las mujeres, 36 activistas políticos, 19 abogados y 38 periodistas.
Según el grupo, las autoridades también han arrestado a 308 estudiantes universitarios y 44 menores de edad.
Desde el 16 de septiembre, las protestas se han extendido a al menos 133 ciudades y 129 universidades, así como a varias escuelas secundarias, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).
«La comunidad internacional debería estar especialmente atenta a la situación de las personas detenidas y las que corren el riesgo de ser condenadas a muerte», ha instado Sepehri Far.
«Exigir la liberación incondicional y poner fin a los juicios falsos de todos los que han sido arrestados por disidencia pacífica debería ser una prioridad clave», ha añadido.
