Los grupos de la oposición de Bolivia han anunciado nuevos paros generalizados, e incluso huelgas de hambre a nivel nacional a partir del próximo lunes si el Gobierno no resuelve las demandas de las autoridades de Santa Cruz, que exigen la derogación del decreto que fija el nuevo censo para 2024.
Así, los comités cívicos de todo el país, el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), diputados opositores y otras plataformas ciudadanas se han unido para exigir que se lleve a cabo el censo en 2023, fijando un nuevo paro de 72 horas a partir de este lunes, informa el diario ‘El Deber’.
«Tomamos estas medidas drásticas porque el Gobierno nos ha arrastrado a esto. El censo es una necesidad que pedimos todos para que se realice en 2023», ha insistido el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila.
El Conade ha ido un poco más allá y ha informado de que desde el jueves algunos de sus integrantes han comenzado una huelga de hambre indefinida como medida de prisión y de que están preparando una demanda contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades por violación de leyes y uso desmedido de la fuerza.
Algunos diputados del partido opositor Comunidad Ciudadana han anunciado que se sumarán también a la huelga de hambre si no prospera la mesa de diálogo convocada para este viernes en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni.
Varias plataformas ciudadanas y de oposición al Gobierno de Arce han salido esta semana a protestar a la calles de todo el país en solidaridad con el departamento de Santa Cruz, quien cumple este viernes dos semanas de huelga general y paros generalizados para exigir que el censo poblacional se realice el próximo año.
Las protestas contra el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) están teniendo una vez más como epicentro al departamento de Santa Cruz, tradicionalmente uno de los bastiones de oposición desde que Evo Morales asumió las riendas de Bolivia hace ahora más de quince años.
Sus líderes, en especial el gobernador, Luis Fernando Camacho, han exigido que el censo se celebre tal y estaba previsto en primer momento para el primer semestre de 2023 y no han tomado como buenas las explicaciones del Gobierno sobre la imposibilidad de técnica de llevarlo a cabo por las consecuencias de la pandemia.
Para Camacho, una de las piezas claves en la crisis política de 2019 que provocó la salida del poder de Morales tras ganar las elecciones, postergar hasta 2024 del censo no solo contraviene la ley, ya que debe realizarse cada diez años, sino que las anteriores estadísticas, que datan de 2012, no son fiables actualmente para redistribuir los presupuestos federales.
