El aparato judicial de Irán ha afirmado este martes que hasta la fecha han sido imputadas más de mil personas por su participación en «disturbios» en el marco de las protestas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer detenida por presuntamente llevar mal puesto el velo, y ha prometido responder «con firmeza» a los incidentes.
El portavoz del aparato judicial iraní, Masud Satayshi, ha destacado las acciones de las autoridades para hacer frente a las protestas y ha subrayado que las fuerzas de seguridad han mostrado «paciencia» y «tolerancia», en medio de las denuncias de ONG sobre la muerte de más de 300 personas a causa de la represión de las movilizaciones.
«El objetivo del aparato judicial desde el inicio del periodo de transformación ha sido encontrar soluciones definitivas, no parciales», ha dicho, antes de agregar que el aparato judicial «no mantiene una postura pasiva». «El enemigo no lo entendió e inició una oleada de violencia contra la población y su seguridad», ha criticado.
Satayshi ha subrayado que «esta paciencia derivó en el martirio de algunos agentes de seguridad e incluso civiles, pero no provocó que los oficiales perdieran la paciencia y recurrieran a la violencia», al tiempo que ha indicado que los «agitadores» mantienen «conexiones con el enemigo».
«La demanda general, incluso por parte de un gran número de manifestantes que no participaron en disturbios, es que el sistema de justicia y las instituciones de seguridad hagan frente de forma decisiva, disuasiva y legal a las pocas personas que causaron disturbios», ha dicho.
En este sentido, ha subrayado que 1.050 personas han sido imputadas y ha hecho hincapié en que los tribunales responderán a las demandas presentadas para obtener compensaciones por parte de los afectados por la destrucción de bienes durante las protestas, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.
Las palabras de Satayshi han llegado un día después de que más de 220 parlamentarios iraníes hayan reclamado a los tribunales que dicten penas de muerte contra los manifestantes y los hayan comparado con miembros del grupo terrorista Estado Islámico.
El comunicado, leído por el parlamentario Ahmad Amirabadi Farahani y firmado por 227 de los 290 diputados, tilda a los manifestantes de ‘mohareb’, equivalente a guerrero pero también a ‘enemigo de Dios’, lo que acarrea la pena de muerte en Irán.
La represión de las protestas por la muerte de Amini, que incluyen llamamientos a la caída del régimen iraní, se han saldado hasta ahora con la muerte de más de 300 personas, según denunció el sábado la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR).
En este contexto, la organización no gubernamental Save the Children ha pedido este mismo martes una investigación para esclarecer el trato dado a niños durante la represión de las protestas, después de que Naciones Unidas denunciara la muerte de 27 menores a manos de las fuerzas de seguridad.
«Apoyamos el llamamiento para que se lleve a cabo una investigación internacional sobre los acontecimientos ocurridos en Irán durante las últimas siete semanas y se ponga fin de inmediato a la violencia contra las protestas pacíficas», ha dicho el director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de la ONG.
«La violencia contra la infancia es inaceptable y cualquier ataque a los derechos de las mujeres es a su vez un ataque a los derechos de las niñas», ha remachado, según un comunicado publicado por Save the Children.
