El Gobierno de Chad ha admitido que encarceló a 621 personas, de las que 82 eran menores, tras las manifestaciones que hace tres semanas dejaron 50 muertos y más de 300 heridos, producidas después de que el presidente, Mahamat Idriss Déby, se consolidase en el cargo durante los próximos dos años.
Todos ellos fueron trasladados a la prisión de alta seguridad de Koro Toro, según ha confirmado el ministro de Justicia y ha recogido Radio Francia Internacional (RFI). Hasta este momento, el Gobierno no había negado que se hubiesen producido detenciones pero no había aportado una cifra concreta.
Un total de cinco ministros se han reunido para dar explicaciones a los familiares que después de semanas no han tenido noticias de sus allegados detenidos o desaparecidos.
Más de 400 detenidos cuentan con un expediente por delitos fragantes que han sido remitidos al fiscal, mientras que otros 137 cuentan con cargos más graves que están siendo estudiados por las oficinas de investigación, según informa la cadena francesa.
El Gobierno chadiano ha lamentado la cantidad de muertes y detenciones del 20 de octubre aunque ha justificado su actuación por darse «una insurrección que intentó derrocar al régimen». Además, han asegurado que el trabajo de investigación requiere un largo plazo que no se cerrará en cuestión de unos pocos días.
También se ha referido a suspensión de actividad de siete partidos políticos, cuya existencia legal está amenazada, tras lo que ha señalado que «el Estado había sufrido demasiado por la laxitud» y se reúnen elementos para que el Tribunal Supremo ordene la disolución de determinadas formaciones.
Déby asumió el cargo en abril del año pasado, después de que su padre, Idriss Deby Itno, muriera durante una operación militar contra los rebeldes, después de 30 años en el poder. El actual gobernante se había comprometido a devolver el poder a los civiles tras 18 meses, plazo que vence este mes.
