El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha advertido este domingo a los promotores del paro de Santa Cruz que saldrá a las calles para defender la que fue su victoria en las urnas, después de que los manifestantes aumentasen la tensión en la capital del país mediante la destrucción de una comisaría este fin de semana.
Arce ha asegurado, en respuesta a los incidentes violentos, que su Gobierno y las organizaciones sociales están «más unidos que nunca», recoge la agencia de noticias boliviana, ABI.
«La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no puede ganar en las urnas», ha lamentado el dirigente del país, quien ha calificado las iniciativas de «inadmisibles» por tener el objetivo de «dividir al país».
«Es inadmisible que pretendan ahora levantar la cabeza cuando no tienen el apoyo popular, cuando han demostrado que ha sido un desgobierno de la derecha el que ha sufrido el pueblo boliviano durante cerca de un año.
El mandatario boliviano ha hecho referencia directa al golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019, por el cual Jeanine Añez tomó el poder en el país.
«El pueblo boliviano en octubre de 2020 dijo ‘basta’ y mayoritariamente votó en las urnas por un Gobierno del pueblo y para el pueblo», ha explicado, después de que el vicepresidente, David Choquehuanca, afirmase que la elección de Arce costase «mucho sacrificio, llanto y dolor al pueblo boliviano», recoge ‘Correo del Sur’.
El Ejecutivo del país latinoamericano anunció la semana pasada que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, tras anunciar que el balance de víctimas es de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días.
La ministra de Presidencia, María Nela Prada, criticó los días «de terror» que caracterizan al paro de Santa Cruz, afirmando que los líderes de las protestas tienen las «manos manchadas de sangre».
El denominado «movimiento cívico» de Bolivia –impulsado por la oposición en la región boliviana de Santa Cruz– inició hace 23 días un paro nacional indefinido para demandar la celebración del Censo en 2023, en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano, ya que este registro condiciona el reparto de ayudas entre las regiones del país.
Las protestas se están concentrando en la ciudad de Santa Cruz, donde la oposición a Luis Arce tiene mayor peso y es motor económico del país, allí una persona ha perdido la vida durante las movilizaciones.
