La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú ha admitido a trámite una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en contra del presidente del país, Pedro Castillo, por su presunto liderazgo de una organización criminal.
La Comisión Permanente del Parlamento ha concedido un plazo de dos 15 días hábiles a la mencionada subcomisión para investigar un informe final sobre la denuncia constitucional planteada por la fiscal de Perú, Patricia Benavides.
Benavides, por su parte, ha defendido recientemente esta denuncia ante representantes de la Organización de Estados Americanos durante una visita a la capital de Perú, Lima, y ha asegurado que es «falso» que dicha denuncia esté motivada por asuntos políticos o que sea parte de una «estrategia de ruptura del orden democrático».
La fiscal general ha precisado que lo presentado contiene 190 «elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo», producto de una investigación preliminar autorizada por el Tribunal Supremo de Perú.
Según Benavides, la denuncia constitucional es «lo único que podía efectuar su despacho» a nivel procesal y constitucional, añadiendo que «era su obligación» presentarla después de haber recabado «indicios suficientes de la comisión de delitos», ha informado la propia Fiscalía General en una misiva.
