Isabel Dos Santos, hija en el exilio del recientemente fallecido expresidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ha adelantado que no descarta dar el paso de presentar su candidatura para presidir el país.
En una entrevista concedida a la cadena alemana Deutsche Welle, Dos Santos ha enfatizado que quiere «servir» a su país y que si tuviera en alguna ocasión «la posibilidad» de poner a Angola «en un lugar mejor» y darle «el enfoque que necesita» sí estaría dispuesta a dar ese paso.
«Si algún día tuviera ocasión de volver a mí país, un país mejor, y ayudar a que mi país tenga la visión que necesita, a construir, sí, tomaré ese paso y creo que mucha gente estará conmigo porque somos otra Angola, tenemos otras ambiciones y necesitamos otro futuro político», ha expresado Dos Santos.
Dos Santos se ha convertido en uno de los principales objetivos de las autoridades judiciales del país que un día su padre presidió. Si bien ella considera que no es más que un «encargo» del Estado por «motivos políticos».
«Yo no soy objetivo de varios procesos judiciales en varios países como se esta diciendo. Esa afirmación no es correcta», ha dicho Dos Santos, quien ha acusado al Gobierno de Joao Lourenco de «manipular» y «colocar en manos» de la prensa «informaciones que no eran verdaderas».
Dos Santos ha hecho referencia a la investigación conocida como ‘Luanda Leaks’ como una «burda manipulación» del Estado contra ella. Según estas informaciones, la hija del expresidente angoleño, en calidad de responsable de la estatal Sonagol, obtuvo lucrativos contratos de la industria petrolera, de diamantes y telecomunicaciones durante la Presidencia de su padre Dos Santos.
La Fiscalía acusa a Dos Santos, que llegó a ser la mujer más rica de África según ‘Forbes’, de causar pérdidas al Estado por valor de más de 5.000 millones de dólares durante los 38 años que duró el gobierno de su padre. Como consecuencia de estas investigaciones sus activos en Angola y en Portugal han sido congelados.
Las declaraciones de Dos Santos se dan a conocer pocos días después de que la Interpol emitiera supuestamente una orden de detención contra ella, según adelantó la agencia portuguesa de noticias Lusa, por delitos de malversación de fondos públicos, aunque fuentes próximas a la empresaria negaron que tuvieran conocimiento de esta orden.
