La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (LIBE) ha pedido este jueves que la Unión Europea exima de la obligación de visados de corta duración a los viajeros procedentes de Ecuador y de Omán, una ventaja que Bruselas propone otorgar a Kuwait y Qatar y que los eurodiputados piden ampliar a esos otros dos destinos.
El informe, que requiere aún el visto bueno del pleno para ser ratificado como posición negociadora de la Eurocámara, defiende el «compromiso» de Ecuador con los Derechos Humanos y considera que se dan las condiciones para librar a sus turistas del trámite consular para viajar a la UE por periodos de un máximo de 90 días.
Con todo, los eurodiputados señalan que el país debe aún mejorar en cuestiones como las condiciones de las prisiones, los derechos de la mujer y de las personas indígenas y refugiados, entre otros retos.
La propuesta de inicio de la Comisión Europea plantea ampliar la lista de países terceros exentos de visados de corta duración para incluir únicamente a Kuwait y Qatar, por lo que los eurodiputados presionan con este gesto para que se dé paso también a Ecuador y Omán.
En el caso de Kuwait y Qatar, además, señalan que junto a Omán plantean dudas respecto a la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, por lo que ponen de manifiesto su preocupación y piden revisiones anuales y salvaguardas para suspender los acuerdos en caso de que haya regresión en estas áreas.
Los eurodiputados señalan preocupación en concreto en áreas como los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de colectivos como el LGTBIQ+, así como por riesgo para la libertad de culto, de expresión y reunión y por los casos de torturas. En el caso de Kuwait, en concreto, reclaman una moratoria para la pena de muerte antes de cerrar el pacto para suspender la política de visados.
Si la Eurocámara ratifica esta posición en una próxima sesión plenaria, sus negociadores podrán iniciar las conversaciones con los Veintisiete. Una vez consensuada la posición europea le corresponderá a la Comisión Europea, en nombre de la UE, negociar acuerdos bilaterales con los países incorporados.
