El viceministro de Justicia de Polonia, Marcin Romanowski, ha avisado que su país vetará la propuesta presentada el miércoles por la Comisión Europea para reconocer la filiación legal de hijos de parejas LGTBI obtenida en otro Estado miembro, una medida para asegurar que todos los niños europeos disfruten de los mismos derechos cuando se desplazan dentro del espacio común, «sin importar el modo en que fueron concebidos o nacieron», según Bruselas.
«Mientras el ministro de Justicia sea Zbigniew Ziobro», ha declarado Romanowski en entrevista al portal Do Rzeczy, «estamos seguros de que Polonia no tendrá que adaptarse a estas locas demandas del lobby LGBT y reconocer las adopciones homosexuales».
El viceministro ha asegurado que el sistema legal polaco está «protegido» contra los «efectos nocivos de la ideología de género», sin importar «la escala de los trucos insidiosos del ‘establishment’ de la UE», que se ha orientado hacia «una agenda tóxica».
Consciente de las dificultades para sacar adelante la norma por las reservas de países como Polonia o Hungría con el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI o de las controversias con respecto a la regulación de los vientre de alquiler en varios países del bloque, el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, ha querido dejar claro que la propuesta no busca cambiar el derecho de familia, que es competencia nacional, sino de dar seguridad jurídica a menores cuya filiación ya es reconocida en algún Estado miembro.
Sin embargo, Romanowski interpreta que las instituciones jurídicas relativas a la filiación, así como los registros del Estado civil, siguen siendo competencia exclusiva de los Estados miembros según la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El viceministro indica que la adopción del reglamento propuesto por la UE requiere de unanimidad, así que «Polonia no corre peligro de forzar las adopciones homosexuales, porque simplemente lo vetaremos».
Romanowski llegó todavía más lejos al acusar a Alemania de intentar romper esta regla de la unanimidad en un impulso de una política «neomarxista» y que emplea «trucos ilegales, incluso bárbaros», con el objetivo de imponer una «forma moderna de germanización: una búsqueda incesante de subordinar a otras naciones» con «la aniquilación del código cultural de Europa basado en valores cristianos».
