El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reconocido los avances realizados por el nuevo Gobierno colombiano en sus primeros cuatro meses para consolidar la paz en el país.
Según ha afirmado el secretario general en el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, el Ejecutivo colombiano «ha dado importantes pasos para detener la violencia y consolidar la paz».
Así, ha reconocido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera como elemento central de la política de «paz total» de su Gobierno.
En el informe, que abarca desde el 27 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2022, Guterres también ha destacado el acercamiento a las comunidades rurales. «Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final», ha añadido.
No obstante, el informe ha aclarado que «por positivos que puedan ser algunos de los acontecimientos recientes», la violencia sigue siendo la mayor amenaza para la consolidación de la paz en Colombia.
De hecho, y desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado los asesinatos de 355 personas (11 mujeres, 48 afrocolombianos y 33 indígenas), 12 durante este periodo (todos hombres). En total, 50 excombatientes (una mujer) fueron asesinados en 2022, lo que representa una disminución del 7,4% en comparación con 2021.
Asimismo, la violencia contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa siendo motivo de gran preocupación, especialmente en departamentos donde la aplicación del acuerdo ha alcanzado un cariz prioritario.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibió denuncias de 244 asesinatos de defensores de derechos humanos durante 2022 (101 verificados, 25 en proceso de verificación y 118 considerados no concluyentes).
Los líderes más afectados por la violencia han sido indígenas, afrocolombianos y miembros de juntas de acción comunal.
Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que entre enero y noviembre de 2022, 78.154 personas sufrieron desplazamiento forzado y unas 108.665 fueron confinadas. Los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca concentraron la mayor parte de la población civil afectada.
Por último, el informe trimestral ha denominado como «alentadora» la reanudación de las negociaciones entre la Administración de Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como el trabajo llevado a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya labor es «decisiva para hacer justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto».
Fuente: (EUROPA PRESS)
