La portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, ha reconocido el incumplimiento de los requisitos marcados para conceder el indulto a manifestantes detenidos en el marco del estallido social de noviembre de 2019.
Según Vallejo, el presidente del país, Gabriel Boric, había establecido dos requisitos fundamentales para el indulto: que la detención estuviera vinculada por delitos durante el estallido social y que no tuviesen «antecedentes complejos previos».
Sin embargo, a pesar de estos criterios, el Gobierno concedió durante los últimos días de 2022 el indulto a más de una decena de manifestantes entre los que se encontraba Lis Castillo, quien había sido condenado previamente por cinco delitos comunes entre el año 2005 y 2017, según recoge la cadena de televisión T13.
«Ese segundo criterio fue el que no se cumplió. Fruto de una serie de desprolijidades de las que, evidentemente, se asumieron las responsabilidades políticas. (…) Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta», ha remarcado Vallejo.
Estas «desprolijidades» a las que se refiere la portavoz del Ejecutivo ya provocaron la semana pasada la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones, se deben «asumir responsabilidades».
Pese a todo, Vallejo ha incidido en la legalidad de los indultos, más allá de que no se haya cumplido uno de los requisitos marcados por las autoridades. Así, ha rechazado frontalmente la petición de algunos miembros de la oposición de revocar dichas medidas de gracia.
Fuente: (EUROPA PRESS)
