Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado a las autoridades políticas libanesas por obstruir la investigación de la gran explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020, comenzando por la campaña del partido-milicia chií Hezbolá y el partido chií AMAL contra su juez instructor, Tarek Bitar, traducida en una serie de peticiones de recusación contra el magistrado, y que acabaron paralizando el proceso en diciembre de 2021.
«Las autoridades libanesas han dejado bien claro que no están interesadas en la verdad y que utilizarán todas las herramientas a su disposición para obstruir la investigación interna y proteger a los políticos acusados en el caso», denunció el jueves la sección norteafricana de Amnistía Internacional en su cuenta de Twitter.
Más de dos años después de la enorme detonación en el puerto de la capital libanesa, que dejó al menos 218 muertos y 6.500 heridos, la falta de resultados en la investigación ha provocado una enorme tensión social que se suma a la económica que sacude el país desde hace años. Esfuerzos de Bitar para llamar a declarar a exministros relacionados con la explosión han fracasado ante la lentitud del proceso para retirarles la inmunidad mientras el magistrado ha sido constantemente acusado de comportarse de forma sectaria y partidista.
Para Amnistía, el bloqueo al juez Bitar equivale al «aplastamiento de una investigación interna» y pide a la comunidad internacional que «preste atención a los llamamientos de las víctimas para que se lleve a cabo una investigación internacional».
En su mensaje, Amnistía aprovechó por último para condenar como «absurdas» las multas contra los participantes en una protesta de los familiares de las víctimas, que arrojaron piedras al Palacio de Justicia mientras exigían la reactivación de las pesquisas mientras «dos años y medio después de una explosión que diezmó a media ciudad, nadie ha sido hecho responsable».
Por su parte, Human Rights Watch considera, en términos generales, que el caso de la explosión de Beirut «ha ilustrado claramente la falta de independencia del poder judicial libanés y su susceptibilidad a la interferencia política». La ONG avisa además que el anuncio efectuado en septiembre por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura para nombrar un juez suplente es una medida que podría ser considerada como ilegal por expertos y magistrados consultados por el grupo.
Como Amnistía, HRW pide a la comunidad internacional que haga un esfuerzo para acelerar las investigaciones, como prometió en su momento el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien la ONG acusa de haber fallado en sus «promesas de tintes neocolonialistas» a allegados de los fallecidos y supervivientes de la gran explosión del del puerto.
Fuente: (EUROPA PRESS)
