El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado a su fiscal jefe, Karim Khan, a reabrir la investigación sobre la investigación de la actuación de las fuerzas de seguridad filipinas en el marco de la «guerra contra la droga» del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte — quien ya ha asegurado que no tiene intención de colaborar con la corte en este caso — que se habría cobrado hasta unas 12.000 víctimas mortales.
El tribunal, que tiene sede en La Haya, ha informado de que una de sus salas ha accedido a la petición de la Fiscalía del TPI de retomar las pesquisas al no estar «satisfecha» con las medidas adoptadas por el Gobierno filipino.
«Varias iniciativas y procedimientos domésticos, evaluados colectivamente, no equivalen a pasos de investigación tangibles, concretos y progresivos de forma que reflejen suficientemente la investigación del Tribunal», reza un comunicado del órgano judicial.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la «guerra contra la droga». Sin embargo, Duterte sostiene que el TPI no tiene competencias para juzgar estos delitos y retiró al país del Tratado de Roma que sostiene al Tribunal el 17 de marzo de 2019. La corte, en respuesta, asegura que sí está capacitada para investigar posibles crímenes cometidos por estados firmantes durante el tiempo que estuvieron adheridos al tratado.
El Gobierno filipino admite más de 6.000 fallecidos en sus polémicas redadas, aunque las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coinciden en que la cifra real podría ser hasta cuatro o cinco veces mayor.
La investigación fue suspendida en noviembre de 2021 a petición de Filipinas, que anunció que investigaría los casos que trataba el Tribunal.
DUTERTE RESPONDE QUE NO DEJARÁ QUE LE JUZGUEN «LOS EXTRANJEROS»
El ex presidente filipino ha contestado, a través de quien fuera su portavoz, Harry Roque, que no tiene intención de cooperar con la investigación. «El ex presidente reitera que nunca permitirá que los extranjeros le juzguen mientras los tribunales filipinos quieran y puedan hacerlo», ha declarado Roque en comentarios recogidos por el portal de noticias filipino Rappler.
El ex portavoz reiteró la buena disposición de Duterte a comparecer ante los tribunales nacionales pero «jamás se someterá a la jurisdicción de una organización extranjera porque sería un insulto para la competencia, imparcialidad y buen funcionamiento del sistema de justicia penal de Filipinas».
«Apoyo la firme postura del expresidente Duterte. Nuestros tribunales nacionales están dispuestos y son capaces de llevar a cabo procedimientos justos en casos relacionados con la campaña de guerra contra las drogas», ha añadido.
El ex portavoz también ha considerado que la reanudación de la investigación del TPI no es más que un desperdicio de recursos y ha recomendado a la corte que se centre en la situación en otros países «como Ucrania».
El actual presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., ya había avanzado que no contempla una posible reincorporación al TPI por los mismos motivos que esgrime Duterte. «Se supone que ese tribunal solo debería actuar cuando un país deja de tener un poder judicial en funcionamiento», explicó en septiembre del año pasado. «Eso no sucede en Filipinas, así que no veo qué papel debería desempeñar aquí este tribunal», añadió.
Fuente: (EUROPA PRESS)
