El Tribunal Penal Especial (TPE) de República Centroafricana ha sentenciado este lunes a tres miembros de las milicias del Retorno, Reclamación y Rehabilitación, o movimiento 3R, a penas que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua por «crímenes de lesa humanidad».
Los tres condenados –Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba y Tahir Mahamat– estaban acusados de haber perpetrado una masacre en a mediados de mayo de 2019 en el noroeste del país en la que murieron 46 civiles. Además, se les ha hallado culpables de participar en «asesinatos, actos inhumanos y tratos humillantes y degradantes».
Sallet Adoum ha sido sentenciado a cadena perpetua, mientras que a los otros dos condenados, Yaouba y Mahamat, se les ha impuesto una pena de 20 años de prisión, según informa la emisora Radio France Internationale.
Este es el primer veredicto del TPE, un tribunal híbrido de magistrados locales e internacionales, que trata los crímenes ocurridos durante la segunda guerra civil que estalló en 2012, cuando milicias musulmanas de Séléka se sublevaron contra el entonces presidente François Bozizé solo para acabar enfrentadas en un conflicto sin cuartel contra las llamadas milicias de autodefensa antibalaka, predominantemente cristianas.
Este organismo, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, comenzó su andadura hace cuatro años para juzgar el violentísimo periodo de enfrentamientos que estalló hace casi una década y todavía colea en el país a pesar del acuerdo de paz firmado a principios del año 2019.
El movimiento 3R emergió en 2015 con el propósito inicial de defender a los pastores de la etnia musulmana peul en medio de los enfrentamientos entre Seleka y los antibalaka. Sin embargo, al año siguiente organizaciones como Human Rights Watch, especializadas en el seguimiento de la situación internacional de los Derechos Humanos, comenzaron a denunciar un auténtico espectro de atrocidades cometidas por los milicias en sus zonas de operación.
El grupo, por su parte, ha asegurado que los tres imputados por las matanzas de Koundjili y Lemouna «no actuaban siguiendo órdenes de los comandantes» y aseguran que el movimiento se atiene al pie de la letra de las condiciones del Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación firmado por el grupo en febrero de 2019. El movimiento, asimismo, nunca ha declarado vinculación alguna con las milicias de Séléka.
El tribunal especial de RCA también tiene competencias para juzgar los crímenes cometidos durante la primera guerra civil en RCA que estalló en 2004 tras la llegada de Bozizé al poder entre el Gobierno y los rebeldes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Reagrupación (UFDR), uno de los precedentes directos del segundo conflicto armado protagonizado por los Séléka y antibalaka.
