El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este martes la investigación encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa después de las críticas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI, que investiga de forma independiente el caso, reveló el lunes «inconsistencias» sobre las capturas de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, que muestran conversaciones de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
En este sentido, la organización desestimó las pruebas al considerar que no era posible garantizar su «autenticidad», ya que en algunas de las imágenes aparecían herramientas como el ‘doble check’, inventado dos meses después de la desaparición.
«Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, es un hombre íntegro, honesto, incapaz de falsear información, y se tienen todos los elementos para sostener la investigación», ha precisado el mandatario mexicano, según ha recogido el diario ‘Milenio’.
López Obrador ha negado que haya habido «precipitación» en los trabajos de investigación, al tiempo que ha indicado que hay «elementos sólidos y pruebas suficientes», por lo que estas acusaciones de «fabricación de pruebas» responden al «deseo ferviente del conservadurismo» para que el Gobierno no cumpla con la investigación.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.
En septiembre de 2020, una última investigación de la Fiscalía contempló las negligencias e irregularidades que habrían cometido las autoridades del anterior Gobierno del expresidente Peña Nieto. Esta nueva pesquisa apunta a que los jóvenes fueron perseguidos y asesinados por policías municipales.
Omar Gómez Trejo, fiscal encargado del caso, presentó su dimisión a finales de septiembre, una salida que varios altos cargos atribuyeron a su disconformidad respecto a la hora de solicitar detenciones como la del exfiscal general Jesús Murillo Karam durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía ha revocado recientemente más de una veintena de órdenes de arresto contra militares de Iguala, además de la del exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco, que abrió la investigación del caso Ayotzinapa, y la del secretario de Seguridad Estatal, Leonardo Vázquez Pérez.
