Las autoridades de Malasia han descartado apoyar la celebración de elecciones generales por parte de la junta militar birmana y previstas para 2023, lo que convierte al país en el primer miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en rechazar dichos comicios.
El ministro de Exteriores malasio, Saifudín Abdulá, ha señalado que «no es moralmente correcto que la junta hable de elecciones tras haber usurpado el poder después de un proceso electoral que contó con observadores internacionales y que fue reconocido como libre y justo».
«La Liga Nacional para la Democracia ganó las pasadas elecciones, pero antes de que pudieran iniciar la legislatura en el Parlamento, la junta se hizo con el poder. Por ello, es completamente ilógico para Malasia y la ASEAN apoyar la idea de llevar a cabo estas elecciones», ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Bernama.
La negativa de Malasia a aceptar estos comicios llega a medida que la junta se prepara para diseñar su propio sistema de cara a las elecciones, que ya han sido criticadas por la citada formación y el Gobierno de Unidad Nacional formado por la oposición a la junta y que es reconocido como el Gobierno legítimo por la mayoría de ciudadanos.
Estados Unidos ha instado recientemente a la comunidad internacional a rechazar el régimen militar birmano y sus «elecciones fraudulentas».
Birmania se encuentra desde febrero del año pasado sumida en una grave crisis y bajo el control de una junta militar golpista que decidió asaltar el poder por la fuerza tras rechazar los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 2020.
Desde entonces, los militares han perseguido a los principales responsables del Gobierno civil anterior, entre ellos la activista y ‘exlíder de facto’ del país, Aung San Suu Kyi, ahora mismo encarcelada, y reprimido con violencia las protestas en su contra.
La ONG birmana Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) estima que casi 2.400 personas han muerto por la represión militar y que unas 15.900 permanecen detenidas y privadas de sus derechos desde el golpe de febrero.
