El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) ha denunciado que más de 100.000 personas sufren confinamiento forzoso por parte de grupos armados en Colombia, después de años del acuerdo de paz.
El NRC ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de Gustavo Petro y a los grupos armados para que se lleven a buen recaudo los diálogos bilaterales con los grupos armados con el objetivo de poner fin a estas prácticas, que tilda de «humillación y degradación».
«Hacemos un llamamiento al Gobierno colombiano y a los actores armados no estatales para que acuerden una paz duradera que beneficie a las poblaciones vulnerables afectadas por estas inhumanas restricciones de movimiento», ha explicado el director interino de la ONG en Colombia, Juan Gabriel Wells.
«El confinamiento y las restricciones a la movilidad que estamos presenciando en Colombia es humillante y degradante. Las guerrillas deben comprometerse a terminar con esta práctica sin sentido de inmediato», ha instado el alto cargo de la ONG.
La organización ha asegurado que estos actores no estatales confinan a comunidades enteras en sus hogares o vecindarios, impidiéndoles acceder a oportunidades laborales, atención médica o educación.
«Imagínese ser obligado a quedarse en su casa por hombres armados, día tras día. El confinamiento en Colombia significa que no puede trabajar, visitar a su familia o enviar a sus hijos a la escuela», ha criticado Wells.
Así, algunos de los afectados han afirmado que «están atrapados», porque los grupos armados imponen reglas como no poder salir, no poder usar un camino o no querer ver a nadie pasando por un determinado lugar. Además de estos avisos, los residentes viven con miedo a caminar por la presencia de minas terrestres.
En este sentido, NRC ha reiterado la importancia de tratar con dignidad a los civiles en los conflictos armados.
La violencia armada persiste y los grupos armados utilizan el confinamiento forzado como estrategia para ejercer control sobre comunidades aisladas y territorios que muchas veces son utilizados para actividades ilícitas.
La firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) cumple seis años con logros y también con retos que apuntan a que el conflicto no ha terminado en el país latinoamericano.
Ahora, el Ejecutivo de Gustavo Petro ha retomado las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en aras de acordar una paz duradera con la guerrilla.
