El Gobierno de Estados Unidos ha acordado reforzar la persecución internacional de la violencia sexual en zonas de conflicto, de tal manera que pase a figurar entre la lista de motivos prioritarios para adoptar sanciones contra individuos o entidades.
El presidente norteamericano, Joe Biden, quiere dar a este tipo de abusos «la misma consideración» que otras «graves» violaciones de los Derechos Humanos, para lo cual ha promovido un memorando específico con el que quiere mejorar la protección de las víctimas y avanzar en la rendición de cuentas.
Washington se hace eco de datos de Naciones Unidas que dan cuenta de que, por cada violación denunciada en un contexto de violencia, entre diez y 20 quedan sin documentar. «Estados Unidos no acepta esta violencia como un coste inevitable de un conflicto armado», reza un comunicado de la Casa Blanca difundido este lunes.
La Administración norteamericana también ha aprovechado para repasar su actual compromiso para combatir esta lacra, incluido el aumento de la financiación a la oficina de la ONU destinada a la violencia sexual en conflictos o a proyectos destinados a investigar y documentar los abusos cometidos en distintas zonas.
El último anuncio coincide con la celebración en Reino Unido de un foro de ministros donde se trata precisamente este tema y llega, según la Casa Blanca, «en un momento en el que (la violencia sexual) persiste con impunidad en todo el mundo, incluyendo en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia y en Etiopía».
