El Gobierno de Japón ha aprobado este jueves una ley para ayudar a la población que ha sufrido dificultades económicas y se ha visto afectada tras realizar donaciones solicitadas por polémicos grupos y movimientos religiosos, como la Iglesia de la Unificación, cuyo caso ha acaparado la atención después de que el asesino confeso del ex primer ministro Shinzo Abe lo vinculara con la organización, a la que culpa de arruinar a su familia.
Esta normativa permitirá a los seguidores de estas organizaciones y sus familiares cancelar este tipo de donaciones en caso de que hayan sido solicitadas de forma «maliciosa» y prohíbe a este tipo de grupos pedir a sus seguidores que soliciten dinero prestado para luego donarlo.
La oposición, no obstante, ha insistido en la necesidad de ampliar las restricciones para proteger a más víctimas en el marco de la legislación, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.
La legislación ha sido diseñada después de que familiares de antiguos seguidores de la Iglesia de la Unificación hayan enviado quejas al Gobierno asegurando que el grupo ha llevado a sus familias a la bancarrota debido a las grandes donaciones solicitadas.
La aprobación del primer ministro, Fumio Kishida, ha descendido debido, en gran medida, a la inacción por parte del Gobierno a la hora de abordar estos asuntos. La Iglesia de la Unificación, fundada en el país en 1954, es conocida por sus «ventas espirituales» y ejercer presión sobre los seguidores para que compren objetos de precios desorbitados.
Ahora, la legislación sobre este tipo de donaciones prohibirá a estos grupos recabar fondos ilícitos mediante coacción. Aquellos grupos que se vean involucrados en solicitudes injustas pueden ser sometidos a multas de hasta un millón de yenes (unos 7.200 euros) y penas de hasta un año de prisión.
