La ONU y sus socios han estimado en 1.720 millones de dólares (alrededor de 1.640 millones de euros) el dinero necesario para atender a los millones de migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en países de América Latina y el Caribe, así como a comunidades de acogida.
De los más de siete millones de venezolanos que han abandonado su país en los últimos años, la gran mayoría, casi seis millones, viven en 17 países de la región. En ellos ponen el foco la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que han lanzado su plan regional de ayuda.
En este sentido, han advertido de que millones de personas no pueden costearse tres comidas al día, carecen un alojamiento seguro y digno, se enfrentan a obstáculos para acceder a atención médica y no pueden trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias.
El representante especial de ambas agencias para esta crisis, Eduardo Stein, ha instado a no «olvidar» a los migrantes venezolanos, ya que «muchas han visto sus vidas paralizadas y millones luchan por alimentar a sus familias o encontrar oportunidades para reconstruir sus vidas».
«Están deseosos de contribuir a sus comunidades de acogida con sus conocimientos, habilidades y creatividad, y lo han estado haciendo, pero necesitan nuestro apoyo para superar sus retos más acuciantes», ha enfatizado, poniendo en valor la importancia de la integración socieconómica tanto para los migrantes como para las comunidades de acogida.
Sin esta integración, salpicada en ocasiones de xenofobia y discriminación, y sin garantías de acceso a servicios básicos, muchos venezolanos optan por seguir rutas peligrosas hacia otros países, cruzando las altas montañas entre Bolivia y Chile o el Tapón del Darién, una zona selvática en la frontera entre Colombia y Panamá.
«Los esfuerzos de regularización de muchos países de América Latina y el Caribe han sido un gesto crucial de solidaridad para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela», pero el aumento del coste de la vida, la falta de empleo y los bajos salarios «han hecho difícil para muchas personas refugiadas y migrantes reconstruir sus vidas en sus comunidades de acogida».
Por primera vez, el plan lanzado por la ONU tiene un alcance de dos años, con vistas a atender necesidades inmediatas y también actividades de integración y desarrollo a medio y largo plazo. En 2022, sólo se han recibido una cuarta parte de los fondos necesarios, lo que ha obligado a reducir los programas.
