La Policía belga registró durante la noche del sábado el domicilio del eurodiputado socialista Marc Tarabella en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo, según fuentes del medio belga ‘Le Soir’.
Tras el registro, los investigadores se han incautado de equipo informático, de acuerdo con estas fuentes, que puntualizan que Tarabella, el segundo eurodiputado en activo citado por nombre en medio de esta trama, «no se encuentra privado de libertad».
Ni la Oficina del Fiscal Federal ni la oficina de Tarabella han hecho comentarios al respecto.
El eurodiputado, de 59 años de edad y miembro del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento, ejerce como vicepresidente de la delegación para las relaciones con la Península Arábiga en el Parlamento Europeo y de sustituto en la delegación para las relaciones con China, según su perfil en la web institucional de la Eurocámara.
Cabe destacar que Tarabella, en una comparecencia ante la Eurocámara el pasado 21 de noviembre, lamentó el discurso «unilateralmente negativo» contra las autoridades qataríes en el ámbito de los derechos laborales tras las muertes de numerosos trabajadores durante la construcción de los estadios del Mundial de Fútbol que se está celebrando ahora.
«Queda mucho por hacer, pero es un país el que ha emprendido el camino de la reforma. Y la organización de la Copa del Mundo, más allá de todos los eventos que organizó, fue probablemente el detonante que aceleró estas reformas», según figura en su página del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo ya había anunciado este sábado la suspensión a la socialista griega Eva Kaili de todas sus competencias y poderes como vicepresidenta de la Eurocámara, aunque no del cargo en sí mismo, en relación a esta trama. La Policía belga registró el viernes el domicilio de Kaili, quien también fue interrogada.
La Fiscalía federal informó también de la detención de cuatro personas y de hasta 16 registros llevados a cabo en varios barrios de Bruselas en el marco de una investigación sobre una «presunta organización criminal de corrupción y blanqueo de dinero» que desde hace meses buscaba en nombre de un país del Golfo influir en las decisiones «económicas y políticas» de la Eurocámara.
